El Procurador del Común recibió 1.807 quejas, de las que 16 han sido consideradas múltiples, durante 2022, un año de “normalidad” en el que las reclamaciones ciudadanas vinculadas directamente con la pandemia del COVID-19 han desaparecido y han emergido las relacionadas, por ejemplo, con la ubicación de parques eólicos y fotovoltaicos en el medio rural, junto a las derivadas de la conservación de los centros escolares y las habituales en otras materias.
El procurador del Común, Tomás Quintana, entregó hoy al presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, el Informe Anual relativo a la actividad de la Institución durante el pasado año, cuando la institución, con sede en la capital leonesa, impulsó 63 actuaciones de oficio, tramitó 8.247 expedientes y dictó 1.533 resoluciones, de las que se aceptaron el 88,92 por ciento, un porcentaje superior a de los dos ejercicios anteriores.
En una comparecencia posterior, Tomás Quintana señaló que este informe, que ha sido facilitado a los procuradores y se ha publicado ya en el portal web, es un “compendio” del trabajo realizado, pero supone a su juicio también una “radiografía” de las preocupaciones mostradas por los ciudadanos de la Comunidad. Está previsto, dijo, que se debata en un pleno monográfico en el mes de mayo o junio, en función del “calendario” del parlamento autonómico.
En 2022, se tramitaron 8.247 expedientes, que se derivan de 1.807 quejas y 63 actuaciones de oficio. Todos ellos y otros pendientes del ejercicio anterior, dieron lugar a 1.533 resoluciones, 298 más que el año anterior. De ellas, 170 supusieron el archivo del expediente correspondiente al no encontrar irregularidad alguna en la actuación de la administración y 1.363 terminaron con recomendaciones o sugerencias. En ningún caso tuvo que acudir a la Fiscalía, porque pese a no recibir respuesta a su petición de información, puso emitir un dictamen.
Tomás Quintana expresó su satisfacción porque el grado de aceptación haya aumentado desde el 86 por ciento de 2021 a casi el 89 por ciento en 2022, no solo porque se haya tenido en cuenta la propuesta hecha a la administración correspondiente, sino también porque eso supone que un problema planteado por los ciudadanos se ha resuelto.
En cuanto a la procedencia de las 1.807 quejas recibidas, de nuevo la provincia de León ha sido en la que se han presentado más, con 389, seguida de Valladolid con 274; Burgos, con 201; Salamanca, con 157; Palencia, con 148; Ávila, con 107; Zamora, con 98; Segovia, con 87, y Soria 59. Tomás Quintana apuntó que existe una “relación directa” entre el número de habitantes y las reclamaciones, algo que consideró “razonable”.
Además, sobre la procedencia geográfica, indicó que 137 se presentaron por personas de otras provincias distintas a las de Castilla y León y un número muy reducido por residentes en el extranjero. No obstante, también hubo 146 en las que sus impulsores no manifestaban su domicilio y provincia, algo que no es obligatorio. No obstante, el procurador del Común recordó que no se admiten quejas anónimas, sino que simplemente se debe hacer constar el nombre, apellidos y el DNI.
De las 1.807 quejas formuladas el pasado año, la administración local fue donde más se originaron por cuestiones relacionadas con la organización, funcionamiento o gestión de los servicios, con 394, el 21,8 por ciento. Le siguieron con el 12,84 por ciento las de empleo público (232), la sanidad y el consumo (177) con el 9,8 por ciento; el medio ambiente y familia e igualdad de oportunidades (161), el 8,91 por ciento ambas; fomento (147), el 8,14 por ciento; hacienda (141), el 7,8 por ciento; interior y movimientos migratorios (108), el 5,98 por ciento; educación (94), el 5,2 por ciento; industria, comercio, empleo, seguridad social y prestaciones (82), el 4,54 por ciento; agricultura, ganadería y desarrollo rural (45), el 2,49 por ciento; justicia (34) el 1,88 por ciento) y cultura, turismo y deportes (31), el 1,72 por ciento.
Tomás Quintana destacó que en 2022, contrariamente a lo que ocurrió en 2020 y 2021, por vez primera no recibieron prácticamente ninguna queja con relación directa con la COVID-19, aunque aparecieron otras indirectas como la existentes con las terrazas que ocupan espacios públicos. Así, aparecieron otras como los parques de energía renovable o la conservación y mantenimiento de centros escolares, que corresponde a las administraciones municipal y autonómica.
También consideró significativo las 16 quejas múltiples, que agrupan 6.457 expedientes, relacionadas con la prestación del servicio de comedor escolar a través de línea fría (2.039), la asistencia sanitaria en las zonas básicas de salud de Tábara en Zamora (1.333) o Sahagún (León); o la ubicación de parques eólicos o fotovoltaicos: como el de ‘Miravete’ y ‘Villayerno’ (Celada de la Torre, Burgos).
Por otra parte, el Procurador del Común promovió 63 actuaciones de oficio en distintos ámbitos en relación de la prestación de servicios a las personas del medio rural, así como la exclusión financiera de personas mayores. En este último caso se dirigieron a las diputaciones para que coordinaran y buscaran con los bancos soluciones comunes.
Igualmente, señaló que pidieron a las diputaciones para que colaboraran con los pequeños ayuntamientos en los servicios de recogida selectiva de residuos o la mejora del alumbrado, para evitar la contaminación lumínica por un deficiente diseño o la existencia de instalaciones “obsoletas”. Además, pidieron a las instituciones provinciales que incorporen la colaboración en la prestación de algunos servicios de pequeños municipios.
En sanidad, Tomás Quintana citó las referidas a la mejora de la atención pediátrica y las condiciones de uso de las ambulancias, la supresión de las guardias nocturnas de las farmacias en la provincia de Zamora y la relacionada con la atención sanitaria en algunos consultorios locales de Soria.
Además, el procurador recordó que se ha instado a los pequeños municipios a la conservación y mantenimiento de los hidrantes como medio “eficiente” para combatir los incendios urbanos. “Hay que conservarlos en buenas condiciones”, sentenció.
También la institución reclamó la conservación y puesta en valor inmuebles de uso ferroviario en desuso porque a su juicio se están degradando; el acceso y disfrute a la práctica totalidad de los bienes de interés cultural y a la Consejería de Educación, la protección de la salud mental de escolares en los centros y la ampliación del servicio de comedor escolar a todos los alumnos de municipios rurales, residan o no, en la población donde se ubica el centro. Prácticamente todas ellas, el 97 por ciento, fueron aceptadas.
Finalmente, el Procurador del Común explicó que iniciaron una actuación por el incendio de la Sierra de la Culebra en Zamora en junio del pasado año, si bien lo dejaron en manos del Defensor del Pueblo al abrir este un expediente. No obstante, le sugirieron que incorporara, como así ocurrió, la necesidad de que el Estado apoye con recursos a los territorios con más masas forestales para que puedan prevenir los fuegos. “No sólo se apagan en verano, sino que se deben prever en invierno”, dijo.
Durante 2022 se produjo un aumento de la actividad institucional de atención presencial y personalizada a los ciudadanos, tanto en la sede del Procurador del Común en León, como en el resto de provincias donde se acude de forma mensual o quincenal. Así, se realizaron un total de 442 entrevistas presenciales con personal de la Oficina de Atención al Ciudadano, frente a las 268 del año 2021.
Además, se atendieron 104 consultas que derivan de la imposible calificación de forma inicial de una solicitud ciudadana como escrito de queja o la necesidad de asesoramiento específico. Los canales de contacto más utilizados han sido la sede electrónica, el correo electrónico o la propia web donde se recibieron 1.261, muy por encima de las formuladas por medios no digitalizados 546. Además, por correo postal, se recibieron 283. n
