El Juzgado Contencioso-Administrativo de Segovia cifra en casi 290.000 euros la liquidación y penalidades a la empresa constructora Rogasa, tras la decisión del Ayuntamiento de rescindir el contrato para la construcción del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDE). La alcaldesa de Segovia, Clara Martín, recordó que pedían una cuantía global de 459.004 euros por lo que finalmente, la diferencia será de 169.734 euros menos de lo inicialmente previsto.
Sobre esta sentencia sobre la resolución del contrato para el CIDE y las penalidades con Rogasa, Clara Martín, remarcó que el consistorio tomó “una decisión compleja” en defensa siempre de los intereses generales como administración pública ya que no se estaba cumpliendo el contrato y se estaba causando daños por este incumplimiento de la constructora adjudicataria.
Según la alcaldesa, la sentencia del Contencioso-Administrativo les da la razón en que “está bien resuelto el contrato”, así como la imposición de penalidades, en no recibir el edificio en el que estado en el que encontraba en ese momento y también les da la razón en que se resolvió el contrato no cuando lo pidió Rogasa sino cuando “nosotros lo decidimos”.
En el otro lado de la balanza, había discrepancias con diferentes facturas e importes con los que el consistorio no estaba de acuerdo. Finalmente, la sentencia cifró la liquidación del contrato más las penalidades en 289.270 euros, 169.734 euros menos de lo inicialmente previsto, al pedir el Ayuntamiento 459.004 euros.
En octubre de 2018 se adjudicó a Rogasa los trabajos de finalización del edificio, en octubre de 2018, que se tenían que haber concluido a comienzos de 2020, pero se retrasaron varios meses y el gobierno municipal decidió rescindir el contrato por encontrar deficiencias en materia de seguridad de las instalaciones, en materiales, remates, así como la documentación obligatoria.
El CIDE aún está sin terminar aunque, desde el Ayuntamiento de la ciudad, se insiste en que todo se solucionará y se convertirá en la sede del Centro Nacional de Innovación, Tecnificación y Alto Rendimiento de Formación Profesional, del Ministerio de Educación, que ya solicitado formalmente el espacio que le hace falta. Está pendiente la firma de la cesión de estos espacios por periodos de 10 años. Serán algo menos de 2.000 metros cuadrados, repartidos en las tres alturas que tiene el CIDE.
También relacionado con este edificio y con procesos judiciales, el equipo de Gobierno de Clara Martín está pendiente de la petición de anulación de la sentencia que le obliga a pagar una cantidad económica al propietario de una parcela situada junto al edificio, basándose en que el auto del TJSCyL introduce argumentos que no fueron esgrimidos durante el proceso judicial ni por la defensa y por la propiedad particular.
Martín recordó que no se admitió por parte del Tribunal Supremo, el recurso de casación y se defendió por parte del Ayuntamiento la nulidad de la sentencia por indefensión. Según Martín, en un proceso judicial, hay argumentos por una parte y otros por la otra parte, pero, en este caso, el juez introdujo argumentos que no habían dado ni la acusación y la defensa, lo que es “un claro caso de indefensión” por lo que solicitan la inadmisión y la no aplicación de la sentencia.
