La alcaldesa de Segovia, Clara Martín, explicó ayer que los ayuntamientos no tienen competencia en el soterramiento del cableado tanto de la red eléctrica como de los servicios de telecomunicaciones (telefonía, internet, etc.). “Desde el gobierno municipal vamos combatiendo esta situación cada vez que hay una obra o la remodelación completa de una calle, como puede ser ahora Daoiz, pero es una competencia estricta de las compañías de distribución”, afirmó.

Martín reconoció, sin embargo, que desde el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, al que pertenece Segovia, se ha abordado en varias ocasiones este problema, común en muchos cascos históricos, y recientemente, por ejemplo, se ha solicitado una reunión con el secretario de Estado de Telecomunicaciones.

La regidora segoviana, a raíz del incendio esta semana de un cajetín del sistema eléctrico de un edificio de la Calle Real (calle Cervantes número 13), ha comentado que las ciudades Patrimonio de la Humanidad de España levan tiempo reclamando conjuntamente tanto a las compañías eléctricas como a las de telecomunicaciones una solución, también para fibra óptica u otro tipo de cableado no eléctrico. “El Ayuntamiento puede llevarlo a cabo pero siempre que el coste lo asuman las compañías, al igual que lo pueden hacer ellas teniendo nosotros medios suficientes en las calles, los tubos para poder hacer el soterramiento”, mantuvo.

Hace un mes, el presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, mencionó expresamente el problema del soterramiento de cableado entre los que afectan a los conjuntos históricos cuando habló de “estrechar la colaboración”, proponiendo nuevas líneas de apoyo a los gobiernos autonómicos, con la intención de que se reconozcan su “singularidad y especiales características y necesidades”.

Por su parte, Martín ha señalado que el Plan Especial de Áreas Históricas de Segovia (PEAHIS) establece que cada vez que un particular lleve a cabo una rehabilitación integral en la fachada de un edificio catalogado, por su interés patrimonial, debe asumir el coste del soterramiento del cableado.

Actuación municipal

En relación con el incendio del miércoles, Martín informó de que ante una emergencia de este tipo, con explosiones en el cajetín que causaron alarma entre la ciudadanía, “evidentemente acudió Policía Local y bomberos con la mayor celeridad para prevenir posibles daños a las personas que transitaban en ese momento por la Calle Real y también en el edificio afectado”.

Martín añadió que se cortó el suministro eléctrico y se sofocaron las llamas y, ya durante la tarde de ese mismo día, trabajadores municipales trabajaron de forma coordinada con los de la empresa suministradora, Unión Fenosa, de manera que finalmente también fue posible restablecer el alumbrado público en la zona, “que es el único cableado sobre el que realmente tiene competencia el Ayuntamiento de forma directa”.

Por otra parte, comentó que el consistorio no tiene competencia sobre un cajetín que pertenece a la comunidad de propietarios del edificio afectado. La inspección, añadió, corresponde en todo caso a la Junta de Castilla y León, a través del Servicio de Industria, que es el que recibe las certificaciones por parte del instalador para comprobar que cumple la normativa correspondiente.

Es la comunidad de propietarios, por lo tanto, la que ha procedido ya al cambio del cajetín siniestrado y es el servicio de Industria del gobierno autonómico el que decidirá si lleva a cabo una inspección tras el incidente registrado, según Martín.

La alcaldesa recalcó que el informe preliminar del Servicio municipal de Extinción de Incendios indica que el cajetín pudo incendiarse por una sobrecarga de energía. “Nada que ver con las altas temperaturas”, insistió, porque estos dispositivos están preparados para soportar condiciones meteorológicas adversas tanto en verano como en invierno.