Un problema ‘sistémico’. La definición que la oficina de la Defensoría de la Ciudadanía hace del balance de quejas recogidas a lo largo del pasado año relacionadas con el ruido o la contaminación acústica da a entender que tiende a cronificarse, con lo que ello supone a la hora de empeorar la convivencia ciudadana.

Esta es una de las principales conclusiones del balance que la Defensoría de la Ciudadanía realizó de su actividad durante 2021, presentado en el último pleno municipal ante los grupos políticos, en el que su titular Paloma Serrano realizó un pormenorizado análisis del trabajo realizado, fundamentado principalmente en la “escucha humana” a las 176 personas que se entrevistaron con la defensora, de las que se derivaron la tramitación de un total de 32 expedientes dirigidos a las distintas áreas municipales.

En su informe, Serrano hace mención expresa al problema del ruido tanto en los espacios públicos, pero sobre todo del interior de las viviendas, generando problemas de convivencia entre los vecinos. A este respecto, declara que este problema es “sistémico” en la ciudad y apela a la Administración Local para que exija el cumplimiento de las normas que existen sobre esta materia, que van desde la Ordenanza Municipal del Ruido y Vibraciones del 3 de febrero de 2014 como a la Ley del Ruido de Castilla y León, de rango jerárquico superior.

La defensora sitúa en el mismo rango de importancia las quejas y solicitudes llegadas a su oficina relacionadas con la mejora de la accesibilidad para las personas con discapacidad, que también son un clásico en el trabajo de la Defensoría. Sobre este asunto, precisa la necesidad de suprimir las barreras arquitectónicas existentes “facilitando una auténtica inclusión social de las personas con discapacidad o con movilidad reducida”, y para ello pone el acento en la “necesaria coordinación” de las concejalías cuyas competencias son “subsumibles” de cara a resolver este problema.

Paloma Serrano pone de manifiesto también la lentitud del engranaje administrativo municipal que dilata en exceso el tiempo de respuesta a las peticiones de los ciudadanos o directamente no son respondidas. En este sentido, exige “una posible mejora o corrección en las prácticas administrativas que atañen directamente al ejercicio de sus derechos”, ya que son muchos los ciudadanos que acuden a la Defensoría para exponer la falta de respuesta de la Administración local frente a sus quejas.

Esta falta de respuesta también es sufrida por la propia Defensoría, y así lo hace constar en su informe anual, donde señala que “existen todavía expedientes de queja sin contestar de los años 2018,2019 y 2020 que deberían ser contestados en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de la Defensoría”. Además, Serrano recuerda que junto al cumplimiento de la norma “subyace el compromiso ético en el principio de la buena administración como principio regidor de las relaciones entre la institución y la Administración municipal y entre ésta y la ciudadanía. En este sentido, el informe precisa que en los últimos tres años quedan sin resolver un total de 18 expedientes.

Datos

En cuanto a los datos estadísticos que ponen de manifiesto el trabajo de la Oficina, durante 2021, se abrieron un total de 32 expedientes admitidos a trámite que afecta a la práctica totalidad de las áreas municipales, con la salvedad de que un mismo expediente puede haberse dirigido a varias concejalías afectadas. De este modo, las áreas de Policía, con 8 expedientes, Urbanismo (6) y Obras y Servicios (5) son las que acaparan el mayor número de expedientes tramitados.

En la atención personalizada, la oficina llevó a cabo un total de 176 entrevistas, de las que 14 fueron personales y 162 fueron atendidas por teléfono. Las actuaciones emanadas de la actividad de la oficina fueron 1.129, de las que más del 60 por ciento correspondieron a correos electrónicos, y a la tramitación de entrada y salida de documentos.

En este ámbito, la defensora señaló que durante el pasado año se ha realizado una intensa labor de ayuda a la ciudadanía en su relación con la administración municipal, donde “ningún hecho se consideró más importante que la escucha humana a las personas que con sus demandas, peticiones, quejas o sugerencias solicitan la intermediación de la institución”.

Por otra parte, y de cara al futuro, destacó su deseo de que las defensorías locales “fueran a corto o medio plazo una realidad tangible en otros municipios de Castilla y León”, y señala que “contemplar el desarrollo y defensa de los derechos de la ciudadanía a través del prisma de las defensorías locales es contemplar el futuro de un modelo de democracia participativa que vela por el compromiso ético en la relación entre la Administración y la Ciudadanía dentro de la ciudad como espacio vivo y real”.