Representantes del Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC) han denunciado al actual senador por designación de las Cortes de Castilla y León, Javier Maroto, ante el Instituto Nacional de Estadística (INE) de Burgos por el presunto empadronamiento «ilegal» en el municipio segoviano de Sotosalbos y ante la «falta de indicios» que vinculen al senador con la residencia en la localidad.
Para el PCAS-TC, el portavoz del PP en el Senado aparece empadronado en la localidad segoviana de Sotosalbos «de manera fraudulenta», pues «ni tiene relación con la localidad, ni reside aunque sea por temporadas en la misma». De hecho, han precisado que la declaración de bienes patrimoniales y rentas de Javier Maroto reconoce la propiedad de dos viviendas, una en Madrid y otra en Vitoria, sin que declare ninguna posesión en Castilla y León.
La formación castellanista ha asegurado que esta situación «dificulta su residencia efectiva en la localidad segoviana, gobernada curiosamente por el PP…», por lo que han solicitado al INE que dé de baja en el patrón de Sotosalbos a Javier Maroto. «Es el momento de desenmascarar a Maroto, casi tres años después de su alta en el padrón municipal de Sotosalbos, nadie puede afirmar que el popular resida en la localidad de Castilla y León«, han insistido.
‘Caso Maroto’
El ‘caso Maroto’ ha regresado a la actualidad política tras su reciente reelección como senador por Castilla y León con los votos favorables de PP y su socio de gobierno, Vox. Maroto anunció su empadronamiento en Sotosalbos en junio de 2019 coincidiendo en el tiempo con su designación como senador autonómico, cargo para el que es indispensable ser vecino de la Comunidad.
La elección de Sotosalbos no fue casual. Es la localidad natal del que fue presidente de la Diputación de Segovia durante ocho años, Francisco Vázquez, actual vicepresidente primero de las Cortes de Castilla y León. Muy cerca se sitúa también el municipio de Collado Hermoso, del que es alcalde el actual presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente.
Tampoco es la primera vez que se registra una denuncia para que estudie la legalidad de ese empadronamiento. En 2019, poco después de conocerse la noticia, SOS Racismo lo denunció ante la Fiscalía, que estimó que Maroto «cumple» con los requisitos formales necesarios. El PSOE, por su parte, lo intentó sin éxito por vía administrativa. Y, más recientemente, en 2021, el Juzgado Contencioso ratificó el empadronamiento de Maroto desestimando el recurso de SOS Racismo. «Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional», justificó.
