Segovia es una de las cinco provincias de Castilla y León y de las doce de España que no han notificado ninguna interrupción voluntario del embarazo entre 2015 y 2020, últimos datos que se tienen, según han informado fuentes del Ministerio de Igualdad a la agencia Efe. Estos registros están en consonancia con los que Izquierda Unida de Segovia ha aportado en reiteradas ocasiones para reclamar el derecho al aborto sea efectivo en esta provincia. Su margen de estudio, con datos de la Administración central, indica que desde 1988 no ha habido ni una sola interrupción voluntaria del embarazo.
Este registro no significa que las mujeres no demandan la interrupción voluntaria del embarazo sino que son derivadas a otras provincias o se ven obligadas a acudir a clínicas privadas fuera de Segovia, como también han puesto de relieve colectivos feminista.
Según la información difundida por Efe, en 2020, el año clave de la pandemia, se practicaron en España 88.269 interrupciones voluntarias del embarazo, una cifra inferior a la de años previos, pero que volvió a reflejar la disparidad territorial en una intervención que es legal desde 1985 y que afronta ahora un nuevo cambio de reglas.
Los de 2020 son los últimos datos hechos públicos con el Ministerio de Sanidad, que muestran una tasa de 10,33 abortos por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años, con Cataluña (13,44), Asturias (12,03) y Baleares (11,87) a la cabeza, y Galicia (5,71), La Rioja (5,86) y Extremadura (6,43) a la cola.
Son tasas elaboradas a partir de la comunidad de residencia de las mujeres que ocultan una realidad que quiere cambiar la reforma de la ley del aborto que llega este martes a la mesa del Consejo de Ministros: en cuatro comunidades -Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia y Extremadura- no se realizó ningún aborto en un centro público.
Doce provincias, añade el Ministerio de Igualdad para subrayar la necesidad de la reforma, no han notificado ni una sola interrupción voluntaria del embarazo en los últimos cinco años, ni siquiera en centros privados: Jaén en Andalucía; Toledo, Cuenca y Guadalajara en Castilla-La Mancha; Huesca y Teruel en Aragón; Palencia, Segovia, Ávila, Zamora y Soria en Castilla y León, y Cáceres en Extremadura, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Estos datos muestran que muchas mujeres tuvieron que cambiar de provincia para acceder a un aborto y que la inmensa mayoría acudió o fue remitida a un centro privado, que practicaron el 84,5 % del total en 2020.
La norma diseñada por Igualdad junto al Ministerio de Sanidad quiere garantizar que en todos los centros públicos se realizan interrupciones voluntarias del embarazo.
El derecho constitucional a la objeción de conciencia, subrayó la titular de Igualdad, Irene Montero, al presentar los ejes de la ley el pasado febrero en el Congreso, debe ser garantizado para cada profesional que lo solicite, pero su ejercicio no puede suponer un impedimento para el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de ninguna mujer.
Para ello se plantea diseñar un registro de profesionales sanitarios objetores, como el recogido en la ley de la eutanasia, lo que permitirá a los responsables sanitarios de las comunidades autónomas conocer y organizar sus recursos para garantizar la prestación en los hospitales de su red.
Además de asegurar que los centros públicos realizan abortos, el anteproyecto recogerá medidas novedosas, como la baja laboral por menstruaciones dolorosas, y mantiene como objetivo principal eliminar la exigencia de autorización parental para que aborten las menores de 16 y 17 años.
