Si bien es cierto que la guerra en Ucrania ha supuesto un gran agravante de la situación económica en el sector agrícola, el incremento de los costes de producción era una situación que ya se arrastraba desde verano. La factura eléctrica, hidrocarburos, abonos, maquinaria, seguros… Son muchos productos y servicios los que han visto disparados sus precios en tan solo unos meses.

Los cereales también adquirieron valores muy altos. “La tonelada de trigo superó los 300 euros, lo que es muchísimo”, asegura Arturo Hernangómez, trabajador agrícola en la zona de Valseca. “Si la cosa sigue así, venderemos a buen precio”, vaticina. Sin embargo, esto nadie lo puede asegurar, pues todo puede cambiar de un día para otro.

La inversión para la siembra ha sido mayor que otros años. No obstante, las ganancias dependen de la producción y de la venta, que puede ser en un largo plazo. “La venta del cereal responde al periodo y el pago no es inmediato, cobras a un año, cuando el precio puede haber bajado”, insiste Abel Cuesta, empresario agrario de Veganzones.

De este modo, hay un gran temor por las posibles pérdidas. De ahí que esta incertidumbre haya sido la protagonista de serias reivindicaciones que han marcado el último periodo del sector. A lo largo de este año, los tractores han ocupado las calles de la capital segoviana en varias ocasiones. Todo ello para reclamar precios justos que aseguren la rentabilidad y permitan repercutir el incremento de los costes de producción.

Huertas solares

Sin embargo, esta no es la única petición que desde el sector realizan a las administraciones. Aparte de las que llevan como segundo apellido la PAC y Ley de Cadena Alimentaria, surge una nueva denuncia, que abarca la ubicación de proyectos de energías renovables.

Es una preocupación en la que coinciden Asaja y UCCL. En concreto, ambas organizaciones agrarias temen la actualización de la zonificación ambiental recién publicada por el Ministerio de Transición Ecológica. A su juicio, la superficie agraria está en riesgo con la extensión de “macroparques solares”, enunció Asaja en un comunicado.

De este modo, consideró que esta propagación provoca la “expulsión de agricultores y ganaderos de tierras comunales”. Todo ello por la “voracidad de empresas fotovoltaicas y la expectativa de recibir ingresos fáciles por parte de los ayuntamientos”, a los que piden prudencia.

El sector agrícola está “acorralado”. Así lo definen ante este propósito. Por ello, representantes y trabajadores han decidido tomar parte en este asunto. Según estima UCCL, a las 4.500 hectáreas actuales dedicadas a la producción de energías renovables en el conjunto del paísse deberán sumar 15.000 más para alcanzar los objetivos marcados en 2030 a nivel energético.