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Seprona investigó a cinco personas por delitos de urbanismo en 2021

por El Adelantado de Segovia
5 de mayo de 2022
vivienda en suelo no urbano

Una de las viviendas en suelo no urbano investigada por Seprona. / GUARDIA CIVIL

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Durante el pasado año 2021, el Seprona de la Comandancia de Segovia investigó a cinco personas por supuestos delitos de urbanismo. Los hechos investigados fueron por la ejecución de construcciones no autorizables en terrenos clasificados como rústicos en diferentes términos municipales de la provincia. A uno de los investigados se le atribuyó además un delito de desobediencia por incumplir el decreto municipal de paralización de las obras.

La forma de proceder de todos ellos es similar. Solicitan inicialmente la autorización municipal para levantar una construcción compatible con el suelo rústico, como naves de guarda de aperos de labranza o alojamientos de animales. Después, los promotores modifican el proyecto original para convertirlos en merenderos, inmuebles de uso recreativo e, incluso, viviendas unifamiliares. Dichos usos están prohibidos en esta clase de terrenos.

Además, durante ese año, los efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil formularon 47 denuncias en la provincia por distintas infracciones administrativas en materia urbanística, siendo la más habitual realizar construcciones sin contar con la correspondiente licencia urbanística municipal.

Desde la Dirección General de la Guardia Civil han recordado que la construcción de viviendas en suelo no urbano está prohibida por la legislación vigente. De hecho, el Código Penal prevé para estos delitos de urbanismo hasta 4 años de prisión, pudiendo ser responsables tanto los promotores, como los constructores y los técnicos directores de la obra.

En este sentido, la Audiencia Provincial de Segovia ha confirmado la condena que el Juzgado de lo Penal nº 1 por la realización de una edificación ilegal en suelo rústico. En ese fallo judicial, una persona fue condenada a un 1 año y 6 meses de prisión, una multa de 4.800 euros e inhabilitación especial para profesión u oficio durante 2 años relacionado con la actividad constructora.

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