“La Diputación de Segovia no quiere saber absolutamente nada”, resumió el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT Segovia, Miguel Ángel Mateo Núñez. Con ello, se refirió al servicio de ayuda a domicilio prestado por la institución provincial a través de la empresa concesionaria Claros, el cual está caracterizado, a su juicio, por la situación de “precariedad” en la que se encuentran sus trabajadores. A ello se ha sumado recientemente la extensión, según recogió, de las horas vinculadas, lo que conlleva a «la privatización del servicio”.
“Es el gran problema de la institución”, consideró Mateo Núñez. “El usuario contrata la ayuda a domicilio directamente con una empresa y la Diputación sufraga el coste”, explicó. A su vez, se mostró preocupado por la propagación de esta práctica ya que “desde febrero no ha entrado ninguna hora a la pública”, lamentó. Por otro lado, consideró que esto puede deberse a que mientras para la concesión del servicio público hay que esperar “meses y meses”, por la vía vinculada se puede obtener en “días”. Pero esa “no es la solución”, remarcó.
Así lo denunció Mateo Núñez este miércoles en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el secretario general de la Federación de Servicios Públicos Regional de UGT, Tomás Pérez Urueñas, y la secretaria del Sector Sociosanitario de FeSP-UGT, Pilar Gutiérrez Sánchez, con motivo de la reunión celebrada en la ciudad para abordar la problemática y reclamaciones del sector de la ayuda a domicilio, cuestiones que afectan a los 310 trabajadores que prestan servicio a 1.094 usuarios en la provincia, de los cuales unos 80 están en régimen vinculado.
De este modo, el secretario ugetista segoviano aseguró que las personas que acometen esta labor en las empresas privadas “no están cualificadas ni tienen unos requisitos que sí se exigen en lo público”. “Tampoco reguladas, pues se corresponden a figuras que se han inventado para que ganen más dinero las empresas, que están surgiendo como hongos”, criticó Pérez Urueñas.
“Nadie les vigila y pueden hacer muchas trampas”, confirmó el portavoz regional en relación a que, al no haber representación sindical en estas empresas, no es posible enviar servicios de inspección y controlar si se cumplen las condiciones. “Mientras que la Diputación puede pedir en las horas públicas que se cumpla el pliego, en las vinculadas no es obligatorio, solo tienen que seguir los requisitos marcados por la Junta”, enunció Mateo Núñez.
De derecho a “negocio”
“Lo que era un derecho se ha convertido en un negocio”, remarcó Pérez Urueñas. A su vez, avisaron de que el juzgado está “prácticamente colapsado” al haber recibido más de 2.000 demandas y continuas denuncias de inspección de trabajo. “Ha habido requerimientos y sanciones a la empresa Claros y de ello ya tiene conocimiento el presidente de la institución provincial”, determinó el responsable de servicios públicos de UGT en Segovia en relación a las concentraciones celebradas antes de la pandemia.
Por ello, se mostró partidario de llegar a un acuerdo, aunque los canales de comunicación “están semirrotos”, confesó. Si bien es cierto que la Diputación subió el precio por hora en verano de 2020 y aprobó la inclusión de los cinco minutos entre usuario y usuario en la jornada laboral, “no han hecho variaciones de contratos en torno a ese tiempo”, denunció Mateo Núñez. “¿Dónde van entonces los 50 millones de euros de la Junta destinados a la ayuda a domicilio y residencias si no está repercutiendo ni en usuarios ni en trabajadores?”, se cuestionó finalmente Gutiérrez Sánchez.
