La concejala de Urbanismo, Clara Martín, asegura que la propuesta del Partido Popular para que se resuelvan en un tiempo máximo de treinta días los proyectos que esperan licencia urbanística y han superado el periodo legal de tres meses desde que se presentaron en el Ayuntamiento “es la demagogia a la que nos tiene acostumbrados el señor Pérez”, por el portavoz del principal grupo de la oposición, y añade que líder de la bancada popular “sabe perfectamente que es imposible”.
La edil del Grupo Socialista, compareció ayer junto al portavoz socialista en el Ayuntamiento, Jesús García Zamora, para responder ante la moción que Pablo Pérez, portavoz de los populares, había anunciado el día anterior para su debate en el pleno de mañana viernes y que, según mantuvo este último, tiene por finalidad acabar con la situación de “bloqueo” de la Concejalía de Urbanismo en cuanto a la concesión de licencias.
Martín, quien reconoce que hay un retraso en este servicio municipal, aunque lo limita a ciertas licencias de obra mayor, ha explicado las causas que a su juicio lo han motivado y concluye que “se han tomado ya todas las medidas extraordinarias” para que en “los próximos meses” se normalice la situación.
De esta manera, afirma que se cumplirá otra de las propuestas incluidas en la moción del PP, que no es otra que cumplir la Ley que establece que las solicitudes de licencias urbanísticas deben resolverse en un plazo máximo de tres meses.
En cualquier caso, puntualiza que hay plazos que no dependen exclusivamente del Ayuntamiento porque si las solicitudes de licencia reciben informe desfavorable, Urbanismo puede hacer requerimientos para que los redactores del proyecto solventen documentación incorrecta o incompleta.
Por otra parte, Martín asegura que, al contrario de lo que sostienen en el Grupo Popular, la Concejalía de Urbanismo aplica desde 2020 las recomendaciones resultantes de la auditoría realizada en 2019, como el desdoblamiento del área en dos jefaturas de servicio y la incorporación de dos plazas de técnicos de administración general, así como la reorganización de distintas secciones a través de la modificación de la RPT (Relación e Puestos de Trabajo del Ayuntamiento).
Indica que, además, la auditoría señalaba expresamente “que en la tramitación de licencias no había tiempos muertos”.
La concejala ha insistido en que a partir de 2020 se produjo un cambio y desde entonces “hay un seguimiento constante de expedientes, de cada una de las licencias”.
Ha explicado nuevamente que la causa que ha motivado el retraso en la concesión de licencias de obra mayor (no lo hay en las declaraciones responsables y en licencias ambientales, dice) es que a partir del verano pasado la plantilla de arquitectos se redujo al 50% por causas no previsibles, de manera que de cuatro arquitectos se pasó a dos. Añade que esa situación está solventada a día de hoy, y también se han incorporado dos técnicos de administración general, que participan en la concesión de licencias.
A mayores, hay una propuesta para incorporar otros dos arquitectos que todavía no se ha materializado, según Martín porque las alegaciones del PP a la incorporación de remanentes al presupuesto ha retrasado la entrada en vigor de este último y esos contratos forman parte de un programa a ejecutar este año, aunque prorrogable otro más.
Ha señalado avances en el convenio con el Colegio de Arquitectos, anunciado el 31 de enero, para agilizar las licencias, pendiente ahora de un estudio de viabilidad económica aunque ya hay acuerdo sobre procedimiento y ha anunciado que la próxima incorporación de los arquitectos de refuerzo implican obras de adaptación en las oficinas de Urbanismo, que está previsto comiencen el 9 de mayo.
La responsable de la gestión urbanística de la ciudad ha informado de que el Ayuntamiento de Segovia tramita una media de 150 solicitudes de licencia para obra mayor al año, aunque matiza que no todas ellas “son realmente grandes” y puso como ejemplo que la construcción de una piscina o de una pérgola en un jardín requieren de este tipo de licencias.
Además, asegura que hay proyectos muy dispares y no es lo mismo la tramitación de un palacio del siglo XVI, afectado por el Plan Especial de Áreas Históricas (PEAHIS) y que, por lo tanto, necesita una Memoria de Idoneidad Técnica previa y el proyecto es más complejo porque supone una rehabilitación compleja, que un proyecto de obra nueva, para vivienda colectiva, “que tiene una normativa bastante más sencilla”, según Martín.
Durante el tiempo en el que la Concejalía ha podido contar únicamente con la mitad de los arquitectos en plantilla, la edil dice que se ha priorizado la obra pública, como las licencias para el Centro de Salud Segovia IV o para el futuro instituto de San Lorenzo.
En este momento, también “se está intentando dar salida” a la tramitación de cuatro expedientes de obra nueva para vivienda colectiva, que suman entre los cuatro en torno a 110 viviendas, “que están informados, se han realizado requerimientos y son proyectos que sabemos tienen más repercusión económica en la ciudad”, añade.
