El gobierno municipal ha decidido que dos servicios que hasta ahora el Ayuntamiento había licitado de forma separada en Segovia, el de vigilancia de las zonas de estacionamiento limitado (ORA) y el de retirada de vehículos de la vía pública (grúa) pasen a un solo contrato que el concejal de Tráfico, Transportes y Movilidad, Jesús Sanz, prevé sea tramitado este mismo año, siempre y cuando no se produzcan imprevistos y teniendo en cuenta que está medida está directamente relacionada con la modificación de la Ordenanza de Circulación, muy avanzada, según el edil socialista.

De momento, el Ayuntamiento ha encargado a un consultor especializado en movilidad, Antonio Arriaza Ibáñez, la elaboración de un estudio económico, así como la documentación necesaria para la posterior licitación de los servicios de la ORA y de la grúa. Lo ha hecho a través de un contrato menor, formalizado el pasado 31 de marzo, por importe de 14.472 euros (IVA incluido), con un periodo de ejecución de tres meses.

Sanz explica que esta decisión se adopta después de comprobar que en otras ciudades es una sola empresa la que lleva a cabo ambos servicios municipales “y funciona bastante bien”.

De forma paralela, añade, los técnicos municipales están ultimando la modificación prevista al menos desde 2018 en la Ordenanza de la Circulación, que incorporará nuevas zonas de regulación del aparcamiento, con estacionamiento vigilado, y concretamente la denominada zona violeta, demandada desde colectivos como la Asociación de Vecinos de Santa Eulalia pero también directamente por los residentes en la avenida de la Constitución, precisamente una de las vías afectadas junto a la zona alta de la calle de José Zorrilla.

El establecimiento de esta zona, además de favorecer al conductor residente en los barrios de Santa Eulalia y del Cristo del Mercado, supone también una tarifa “más económica” que la de la zona azul, según ha explicado el concejal.

En cualquier caso, la delimitación exacta está todavía en estudio e irá emparejada a otras medidas de reordenación de las plazas de aparcamiento en superficie, que afectarán también al recinto amurallado de acuerdo con el establecimiento previsto de una zona de bajas emisiones.

El número de plazas resultantes está por ver, según Sanz, quien sí confirma que, tal y como ya se ha hecho en algunos puntos, no estará permitido el aparcamiento junto a iglesias o monumentos que tienen la calificación de BIC (bien de interés cultural).

Este responsable del área de Movilidad del Ayuntamiento asegura que se están estudiando alternativas tanto en el recinto amurallado como en el barrio de San Millán para no limitar la capacidad del estacionamiento de vehículos especialmente a los residentes. “Lo que no es de recibo es ir a tomar algo al casco histórico y querer aparcar a la puerta de un bar o un restaurante”, añade.

Diálogo

Otro aspecto sobre el que incide Sanz es que, tras la asamblea vecinal que la alcaldesa junto a varios concejales mantuvo en la Casa de la Lectura el pasado mes de marzo para hablar de la futura zona de bajas emisiones, el diálogo se mantiene abierto con todos los colectivos: vecinos, comercio, hostelería… incluso con transportistas por la carga y descarga, aunque recalca que en esta última no se prevén modificaciones.

“Todo está en fase de estudio y de trabajos técnicos en este momento. Una vez que esté más avanzado hablaremos con todos ellos pero hay que tener en cuenta que son medidas a las que se enfrentan todas las ciudades, no solo Segovia, y son buenas si queremos una ciudad moderna”, apunta.

Sobre plazos, tanto en relación con la modificación de la Ordenanza de Circulación, como con el procedimiento para contratar el servicio de vigilancia de las zonas ORA y la grúa municipal, el concejal insiste en que el objetivo es que estén en vigor a lo largo de este año pero advierte que los recursos humanos del Ayuntamiento son limitados, “hay mucho trabajo para los empleados implicados y en la administración pública hay que seguir una tramitación que puede parecer larga pero es garantista para todos”.

Como se recordará, desde el Grupo municipal de Podemos-Equo, su portavoz y único concejal, Guillermo San Juan, ha abogado por la gestión directa por parte del Ayuntamiento de los servicios de la ORA y de la grúa. El edil de la formación morada ha cuestionado el coste anual que el primero supone para las arcas municipales, en torno a 1.600.000 euros al año aunque la empresa adjudicataria (que lleva 27 años realizando el servicio, 17 de ellos con sucesivas prórrogas del contrato firmado en 1994), propuso una rebaja de 300.000 euros para 2021.

Por colores

Según el blog ‘Circula Seguro’, iniciativa de Fundación Mapfre y Fundación Michelin, la zona azul, por lo general, tiene como objetivo garantizar el acceso al aparcamiento al mayor número posible de usuarios, sin importar su condición de residente o no. Suele implantarse en áreas con alta concentración de servicios, públicos o privados (zonas comerciales, colegios, etc.). Habitualmente limita el uso del aparcamiento entre 2 y 4 horas.

La zona verde discrimina positivamente al residente en detrimento del visitante y limita más el tiempo de estacionamiento.

Las zonas naranjas suelen utilizarse para imponer condiciones más estrictas o específicas en barrios donde la situación es especialmente crítica y prohíbe el aparcamiento a visitantes en tramos horarios o periodos de tiempo.

Por último, la zona roja, en puntos con graves problemas de aparcamiento, lo limita a empadronados, que incluso tienen que pagar ticket.