El Grupo Socialista presentará en el pleno provincial de este jueves sendas mociones instando a la Diputación a reformar el Reglamento del Servicio de Asesoramiento a Municipios en materia de asistencia jurídica y a poner en marcha una línea de subvenciones para financiar a los ayuntamientos la elaboración de sus propios mapas de ruido.
La primera de las dos mociones que el Grupo Socialista defenderá en el pleno de la Diputación plantea modificaciones en el Reglamento del Servicio de Asesoramiento a Municipios, que, tal y como ha recordado el portavoz socialista, Máximo San Macario, regula la prestación de asistencia jurídica económica y técnica por parte de la Diputación a las entidades locales de la provincia.
A juicio del portavoz socialista, el Reglamento “necesita algunas modificaciones para mejorarlo” en relación a lo regulado en su capítulo II: la asistencia jurídica y defensa en juicio. Así, la propuesta contempla que se establezca una solicitud normalizada que la entidad local solicitante de la asistencia tenga que cumplimentar “de modo que pueda determinarse con claridad el objeto de dicha asistencia y la idoneidad de la misma”, ha explicado San Macario.
“Además, en el supuesto de que se facilite la asistencia jurídica y, posteriormente, se compruebe que no concurren los requisitos establecidos, entendemos que ha de iniciarse un expediente para reclamar al ayuntamiento peticionario el coste de las actuaciones llevadas a cabo, tras la correspondiente evaluación y cuantificación por parte del Servicio de Asistencia a Municipios”, ha remarcado.
Como se recordará, el Grupo Socialista denunció el pasado 3 marzo que el ex alcalde de El Espinar Juan María Martín (PP) solicitó asistencia jurídica de la Diputación por unos hechos que, cuando se produjeron, según explicaron los socialistas, “Martín no tenía relación laboral alguna con el Ayuntamiento”. “De haberse llevado a término, hubiera significado una malversación de recursos públicos”, ha asegurado ahora San Macario.
La propuesta socialista recoge también una modificación del artículo cuatro del Reglamento que excluye la defensa jurídica para el ejercicio de acciones penales, lo que, según han indicado, impide que los representantes municipales y empleados públicos que sean objeto de coacciones, amenazas, malos tratos y lesiones en el directo desempeño de sus funciones públicas puedan contar con la defensa y asistencia jurídica por parte de la Diputación.
La segunda de las mociones socialistas recoge la propuesta para que la Diputación establezca una línea de subvenciones para financiar la elaboración de los mapas de ruido a aquellos Ayuntamientos que lo soliciten, o bien que la Diputación proceda a la elaboración de esos mapas de cada municipio.
La medida supondría un «alivio económico» para los promotores de vivienda, ya que evitaría que estos tengan que incluir estudios acústicos en la solicitud de licencia de obra. Según San Macario, un primer estudio tiene un coste aproximado de unos 400 euros, mientras que un segundo estudio para la licencia de primera ocupación puede rondar los 300 euros.
“De este modo, en aquellos municipios que tengan un mapa de ruido aprobado, puede hacerse innecesaria la presentación de los estudios acústicos previos, con el consiguiente ahorro para los promotores de nuevas edificaciones”, ha subrayado.
