En la mañana de este lunes, el grupo municipal del PP formalizó la presentación de las alegaciones a la incorporación de remanentes de tesorería al presupuesto municipal de este año, fundamentadas en el posible incumplimiento de la Ley de Haciendas Locales en su tramitación. La presentación de este documento ha suscitado un encendido debate entre el Gobierno municipal y el principal grupo de la oposición, donde PSOE e IU acusan al PP de intentar bloquear con esta medida los proyectos y planes que se financiarán a través de los 11 millones de euros procedentes de los remanentes.

El portavoz popular Pablo Pérez compareció ante los medios para rebatir con contundencia esta acusación, y asegurar que los retrasos que esgrime el equipo de Gobierno “no serán por las alegaciones, sino por el tiempo que tarden en resolverlas, ya que hoy mismo podrían tenerlas resueltas si tuvieran voluntad de resolver este proceso de manera ágil y rápida”.

Pérez aseguró que la presentación de las alegaciones tienen como objetivo dar “garantía de legalidad” a la incorporación de los remanentes, y esgrimió la Ley de Haciendas Locales al asegurar que exige la justificación de los gastos “urgentes e imprevistos” financiados a través de este dinero con una memoria económica justificativa. Así, señaló que en el pleno municipal no se hizo de forma correcta, y aseguró que la Intervención debió retirar este punto del orden del día para requerir la documentación necesaria.

El portavoz popular ha continuado señalando que “este equipo de gobierno, que es el líder de los retrasos, no es quien para darme lecciones sobre retrasos y si no, que pregunten a cualquiera que solicite una licencia para hacer una obra o que se fijen en los retrasos que ellos mismos provocan en la ciudad o los que generan a la hora de ejecutar cualquier obra”, y ha puesto como ejemplo las obras en el polígono de El Cerro, el arreglo de la calle Daoíz o el de Padre Claret, entre otros.

Además, recordó las palabras de la alcaldesa Clara Luquero al justificar el retraso en la presentación de los presupuestos señalando que no iba a suponer la demora en obras e inversiones. “Si el retraso se origina por pedir que cumplan con la legalidad, sí que se perjudica a la ciudad, pero si es por la incapacidad del equipo de gobierno para presentar los presupuestos a tiempo, en el mes de diciembre, ¿no existen retrasos que condicionan la ciudad?”.

Pérez ha insistido en que su grupo está de acuerdo en la necesidad de llevar a cabo inversiones, pero debe hacerse de manera correcta y el gobierno que dirige Clara Luquero debe cumplir con la Ley como cualquier otro ciudadano, de ahí, la presentación de estas alegaciones.

Los populares quieren inmediatez en su resolución, por lo que han solicitado la convocatoria extraordinaria y urgente de una comisión de Hacienda para el próximo jueves, con la intención de que este punto pueda llevarse al Pleno municipal que se celebrará este viernes y con ello dar formalidad legal a la incorporación de los remanentes al presupuesto.

Pérez no descartó la posibilidad de llevar este asunto a un contencioso judicial, y expresó su confianza en que las alegaciones se resuelvan de manera positiva porque “a nadie le gusta pasar por ese trago, pero tenemos que ser diligentes con el dinero de los segovianos y con la labor de fiscalización del equipo de gobierno, tal y como nos encomendaron nuestros vecinos en las urnas”.

Un pleno extraordinario como solución

La alcaldesa Clara Luquero apuntó ayer la posibilidad de tener que convocar una sesión extraordinaria de pleno municipal para resolver las alegaciones presentadas por el PP, ya que “no se resuelven en una comisión, e incorporarlas al próximo pleno no da tiempo”. En declaraciones a Radio Segovia, Luquero cargó de nuevo con dureza contra el PP y su portavoz municipal, al que acusó de actuar “con poca cabeza” y emplear una “estrategia de demora” de los proyectos que necesita la ciudad.

La convocatoria de un pleno extraordinario parece la única salida viable para apurar plazos para resolver este asunto, aunque Luquero recordó que esta iniciativa costará “entre 5.000 y 6.000 euros a las arcas municipales.

Por otra parte, señaló que la intención del PP de partir de cero retrotrayendo todas las actuaciones de la modificación presupuestaria aprobada en pleno oculta la intención “irresponsable” de bloquear iniciativas como las ayudas a la pobreza energética, la atención a los polígonos industriales o las inversiones en barrios incorporados, circunstancia que “no es concebible desde la sensatez”.

“Espero que haya alguien en el PP que ponga orden y sensatez, porque esta es la peor oposición municipal de los últimos 20 años -añadió-, que carece de cordura y madurez para defender los intereses de la ciudad; pero esta estrategia le va a salir rana, porque los ciudadanos son inteligentes y se dan cuenta de que sólo van a defender intereses partidistas”.