En el debate para la aprobación del presupuesto municipal para 2022, el grupo Popular insistió en expresar sus dudas sobre la legalidad del empleo de remanentes de tesorería por valor de 11 millones a través de un crédito extraordinario, y su portavoz Pablo Pérez apuntó incluso la posibilidad de llevar ante los tribunales esta medida que calificó de “ilegal”.
Semanas después de la aprobación del proyecto económico del equipo de Gobierno, los populares vuelven a la carga rebajando su planteamiento inicial. Así, Pablo Pérez anunció que su grupo ha presentado una serie de alegaciones a la incorporación de los remanentes de tesorería con el fin de que se delimite por parte municipal la legalidad de una medida que, a su juicio, no cumple la normativa vigente.
En declaraciones a los periodistas, Pérez aseguró que esta medida responde a su intención de ser “garantes de la legalidad de las acciones que ejecuta el equipo de Gobierno», y señaló que “aunque el trasfondo es bueno, las formas que ha vuelto a utilizar este equipo de gobierno socialista no cumplen con la legalidad”.
Según el portavoz popular, el ejecutivo de Clara Luquero ha incumplido con la Ley reguladora de Haciendas Locales y más concretamente con el Reglamento que la desarrolla precisamente en materia presupuestaria según el Real Decreto 500/1990.
Dicho incumplimiento, según señalan los populares, se ha constatado fundamentalmente porque no han presentado la memoria justificativa que exige este Real Decreto 500/1990 a efectos de verificar la urgencia del gasto que implica las inversiones que el Gobierno de Clara Luquero se propone realizar.
Los populares esgrimen además que el art.37 de este Real Decreto pone de manifiesto que los créditos extraordinarios y suplementos de crédito que se quieren emplear para hacer inversiones por medio del dinero de los remanentes de tesorería, tienen que ser inversiones urgentes y no aplazables y además tiene que definirse, de manera exacta, su destino.
El objetivo de los populares no es otro que el conseguir que el equipo que dirige la alcaldesa socialista Clara Luquero, solvente estas irregularidades en las que está incurriendo, y en caso de no hacerlo, se reservarían la posibilidad de llevar a cabo las acciones judiciales oportunas. “Queremos que se hagan inversiones en la ciudad, pero dentro del marco legal vigente. Si elaboran esa memoria justificativa y concretan con detalle el destino de los remanentes, el problema estaría solucionado y nuestra labor como oposición habría funcionado”, concluyó Pérez.
Crítica de Luquero
Por su parte, la alcaldesa Clara Luquero aseguró que esta iniciativa del PP responde a la intención del grupo de “poner palos en las ruedas” a la actividad municipal en un momento “crítico para la recuperación económica” de la ciudad. Así, señaló que el PP “cuando tiene un arquitecto en el Ayuntamiento habla de urbanismo, cuando tiene un economista de economía y ahora que tiene un abogado solo habla de tribunales”.
Asimismo, puso de manifiesto la transparencia y la legalidad de todos los procedimientos relacionados con el presupuesto municipal y aseguró que el equipo de Gobierno “ha actuado con la tranquilidad de que hemos hecho lo que debíamos”.
