El Consejo de Ministros aprobó el martes un Real Decreto-ley con medidas de carácter extraordinario para permitir una revisión excepcional de los precios de los contratos públicos de obras afectados por la subida de los precios de los materiales. Entró en vigor ayer tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado y el concejal de Obras del Ayuntamiento de Segovia, que esperaba esta modificación normativa ha explicado que los servicios jurídicos del consistorio tienen ahora que examinar al detalle el alcance de las medidas.
El Gobierno ha tenido en cuenta, sobre todo, que tras el descenso registrado en 2020, los precios de las materias primas experimentaron un fuerte incremento el año pasado, en gran medida debido a la recuperación económica experimentada a nivel global y el subsiguiente aumento de la demanda.
Este proceso ha ocasionado incrementos de costes que eran imprevisibles en el momento de la licitación de unos contratos que ahora muestran dificultades en su ejecución y cuyos operadores se ven severamente afectados. Este aumento de costes, además, excede del que puede ser incluido en los riesgos que el contratista asume en cualquier contrato público.
Merino comenta que la propia CEOE informó hace unas semanas de que en todo el Estado más de mil licitaciones habían quedado desiertas el año pasado porque las empresas no son capaces de asumir el riesgo que genera la volatilidad de los precios de las materias primas que implica que los presupuestos de licitación no sean fiables.
A la espera de un análisis más profundo, considera que a pesar de que las nuevas medidas pueden acarrear más trámites administrativos, había que hacer algo porque se estaba generando una situación de bloqueo en la contratación y muchas dificultades de gestión.
Las ha habido en el Ayuntamiento de Segovia pero también en las empresas contratistas a lo largo de 2021, en parte por el retraso de los suministros por parte de terceras empresas pero también por el incremento de costes, lo que ha conllevado negociaciones para ampliar plazos de ejecución, por ejemplo, pero también la renuncia de alguna licitadora, como la que presentó la mejor oferta para las obras de reparación de la cubierta del Centro de Recepción de Visitantes, la terraza de Santa Columba.
Merino recuerda, además, los problemas con el proyecto de urbanización en un tramo de Padre Claret, que han motivado la rescisión del contrato.
La nueva normativa prevé una revisión excepcional de los contratos de obra cuando el aumento de los costes haya tenido un impacto superior al 5% del importe certificado en 2021, y hasta un máximo del 20%.
El órgano competente es la Mesa de Contratación, en este caso del Ayuntamiento.
