La decisión de la Junta de Castilla y León de dejar sin efecto, y por tanto sin cobro, las denuncias efectuadas durante el segundo estado de alarma declarado por el Gobierno de España frente al covid alcanza a 5.802 sanciones puestas en la provincia de Segovia entre el 25 de octubre de 2020 y el 9 de mayo de 2021.
La Consejería de Presidencia ha informado de que durante el segundo estado de alarma se aplicaron en Segovia 3.527 expedientes sancionadores por incumplimientos de las limitaciones de la entrada y salida de las comunidades autónomas, otros 1.981 por los horarios de los toques de queda y 294 multas relacionadas con la limitaciones de permanencia de grupos de personas en espacios públicos. No hay ningún expediente abierto en esta provincia que se relacione con la restricción de aforo en lugares de culto.
La Junta precisa que estos son los datos totales de actas o expedientes iniciados por el segundo estado de alarma del Gobierno central que ha sido declarado ilegal y, por tanto, estas sanciones quedan anuladas. Sin embargo, no es necesario devolver todas las las multas ya que hay expedientes en proceso cuya tramitación no ha finalizado y por tanto no hay un pago hecho. Tal y como explicó el pasado 17 de febrero el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, no todas las sanciones se habían abonado, solo algunas -las de menor cuantía- se pagaron mientras que el resto estaba en procedimiento de recurso y otras en la fase ejecutiva. “Las que se hayan cobrado se devolverán esas cantidades y el resto quedará sin efecto el procedimiento”.
Fernández Carriedo ofrecía estas explicaciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de Castilla y León correspondiente a esa semana, en la que matizó que los informes de los Servicios Jurídicos de la Junta avalan el archivo de las denuncias, la devolución de lo abonado con intereses si se ha pagado y la revocación de las sanciones impuestas durante el segundo estado de alarma que fue declarado inconstitucional en la sentencia de 27 de octubre de 2021 del Tribunal Constitucional.
El informe de los Servicios Jurídicos deja claro que en ningún caso las denuncias, procedimientos sancionadores y sanciones por incumplimiento de medidas de otra naturaleza acordadas por la Junta para la lucha contra el covid-19, en virtud de la legislación sanitaria, se ven afectadas por lo analizado en el informe y, por lo tanto, siguen siendo plenamente eficaces, y deben seguir tramitándose con plenos efectos bajo la responsabilidad directa de los órganos administrativos y autoridades competentes.
El portavoz de la Junta en funciones avanzó que la 39.600 sanciones incoadas por la administración autonómica durante ese periodo en Castilla y León suman un valor de 11,8 millones de euros.
