La portavoz de Consumo del Grupo Popular y senadora por Segovia, Paloma Sanz, ha reclamado al Gobierno de Sánchez una “Ley Antiocupación para proteger al propietario y no al delincuente”, así como que se garantice “la atención personalizada de los bancos a las personas mayores y la España rural”.
Durante el debate del Proyecto de Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica en el Pleno del Senado, Paloma Sanz, tras recordar que en España “cada día 49 viviendas son usurpadas ilegalmente”, ha propuesto “penas de prisión de 1 a 3 años, reforzar la actuación de la Policía para que puedan desalojar a los ocupas en 12 horas y prohibir que se puedan empadronar para recibir subvenciones”.
«¿Por qué rechaza el Gobierno una Ley Antiocupación?«, ha preguntado la portavoz de Consumo del PP a la bancada socialista, al tiempo que ha señalado que “garantizar el derecho a la vivienda es una obligación del Estado, no de los propietarios de viviendas, que es lo que ustedes pretender aprobar hoy aquí”, ha denunciado.
Además, Sanz ha resaltado que, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior, las ocupaciones de viviendas crecieron un 18 por ciento, 13.389 casos hasta septiembre de 2021. “Cataluña sigue a la cabeza con 5.689 ocupaciones, un dato que cuadriplica los casos de la Comunidad de Madrid -1.282 casos- y casi triplica a los de Andalucía, con1.994 ocupaciones”.
Paloma Sanz también se ha referido al cierre de sucursales bancarias y la digitalización de casi todas las actividades financieras, “lo que ha dejado atrás a buena parte de los más de 9 millones de españoles mayores de 65 años”. En este sentido, Paloma Sanz ha recordado los datos de la Fundación FOESSA, que apuntan que un 68,4 por ciento de los hogares formados sólo por personas mayores de 65 años están en situación de apagón digital, bien por carecer de conexión a internet, o bien por la falta de habilidades para utilizarlo.
Además, el Partido Popular ha introducido una referencia a la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de si inclusión social, “en aras de dotar con una mayor protección los derechos de las personas con discapacidad”.
