El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que la semana pasada rechazó adoptar medidas cautelarísimas para impedir la reapertura de la estación de esquí de Navacerrada como solicitó Parques Nacionales, ha denegado también las medidas cautelares solicitadas por este mismo organismo, por lo que las pistas podrán volver abrir hasta que se resuelva el conflicto que mantiene el Gobierno con la Junta.

Sin embargo, a pesar de esta situación judicial, las pistas, que deberían haber reabierto la semana pasada con el inicio del puente, se encuentran cerradas por el mal tiempo, aunque la empresa ya ha anunciado que en cuanto mejoren las condiciones abrirá la estación.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha respondido así a la petición realizada por el Organismo Autónomo Parques Nacionales, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, como parte de un recurso presentado contra la Junta de Castilla y León, y sobre cuyo fondo aún tiene que resolver.

En su escrito, Parques Nacionales recurre un acuerdo de la Junta en la que el Gobierno autonómico se declara «no competente» para declarar la caducidad de la concesión de la vertiente segoviana de la estación de esquí.

Al igual que hizo en su auto de rechazo a las medidas cautelarísimas, el auto del TSJCyL rechaza ahora que se causen perjuicios irreversibles si no se adopta la medida solicitada por Parques Naturales, ya que los actos de uso del monte desde la última concesión se vienen realizando durante los últimos 25 años.

La Sala considera que el perjuicio estaría más bien en el impedimento del uso y la posible retirada de las instalaciones para la empresa, lo que sí podría crear una «irreversibilidad» de la situación.

Además, el tribunal autonómico ha precisado que, si aceptara las medidas cautelares, que pasan por ordenar a la Junta que ejecute la caducidad de la concesión y ordene desmantelar la estación, estaría reconociendo que la competencia es de esta administración, «prejuzgando en su totalidad el objeto del procedimiento«, lo que causaría «un vaciamiento de la sentencia que en su día recaiga«.

El auto conocido este viernes también señala como otro de sus argumentos que no aprecia «la falta de una argumentación sólida» por parte de la parte demandada, ya que, en este caso, «la postura de la Administración de la Comunidad Autónoma es al menos razonable«.

A continuación, cita algunas de las consideraciones que ha alegado la Junta para defender su postura, pero sólo «a efectos de descartar la existencia de una nulidad de pleno derecho, y sin perjuicio del juicio definitivo que pueda realizarse al momento de dictar la sentencia definitiva«.

Una de ellas es que la concesión se realizó en 1996 sin intervención de la Comunidad Autónoma y la declaración de caducidad se ha efectuado también por el Organismo Autónomo Parques Nacionales, «pudiendo entenderse que este Organismo conserva potestades sobre la gestión (…) del monte«.

Además, la Junta ha apuntado que la gestión del Pinar de Valsaín no se incluyó en la relación de bienes y derechos del Real Decreto 1504/1984, de 8 de febrero, sobre transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma, por lo que puede entenderse que «el Organismo Autónomo sigue conservando facultades de gestión«.

Pese a que rechaza sus pretensiones, el tribunal ha decidido no fijar las costas de esta resolución a Parques Nacionales «dada la complejidad de las cuestiones debatidas sobre la naturaleza de la relación concesional existente y legislación aplicable», sobre las que resolverá ya cuando dicte una sentencia.

Reacciones

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación que, con el auto conocido este viernes, «ha imperado la razón y el sentido común» frente a los «ataques» del Gobierno, que atribuye a su presidente Pedro Sánchez.

Ha considerado que los tribunales le han dado «la razón» y ha garantizado que la actividad en la estación de esquí de Navacerrada va a mantener su actividad «hasta que se resuelva el fondo del asunto«, para lo que ha calculado que pasarán «varios meses«.

También este viernes, la procuradora de Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León por Segovia, Marta Sanz, ha acudido al Congreso de los Diputados para registrar una batería de preguntas con las que pedir explicaciones «lógicas» al Gobierno sobre su decisión sobre la estación de Navacerrada, la cual consideran «ideológica y sectaria» y un ataque más a Castilla y León.