Por desgracia, se va haciendo norma habitual en el comportamiento político lo que debería ser una excepción. Entre los muchos ejemplos que podrían ponerse de lo afirmado con anterioridad citamos dos, no por ser los más graves y ni siquiera los más concurrentes, pero sí por ser significativos y repetitivos: no cumplir los compromisos dados en momentos de campaña y el chalaneo y la negociación para el reparto de cargos en las instituciones axiales de nuestra armazón constitucional.
Esta semana hemos tenido demostraciones que en uno de los casos –la distribución de puestos en el Tribunal Constitucional- exterioriza una pésima imagen de la función pública; mala imagen a la que se ha sumado curiosamente aquellos que, como Podemos, venían al mundo político para su regeneración, hartos como estaban de la casta y de sus componendas. Las buenas intenciones han durado hasta que, al parecer, ellos mismos se han subido al remolque de lo que bautizaron con tan castizo y taurino nombre. Por otro lado, el espectáculo dado por algunos parlamentarios diciendo que iban a votar con la nariz tapada es, como poco, escasamente gratificante. En cada uno de estos representantes se deposita la soberanía popular y por lo tanto deben ser libres para ejercerla según su conciencia y el interés general; si no pueden hacer uso de esa responsabilidad o consideran que va en contra de sus creencias o del interés de España, mejor es que dimitan y si pueden que se dediquen a otro oficio en donde no exista tanta carga de conciencia. O que al menos se callen y no parezcan puros fariseos que además desean mostrar su integridad ante todos, salvo ante la disciplina de voto, claro está, porque es el partido el que les garantiza mantenerse en puestos institucionales. El caso especial de un diputado socialista puede rozar el esperpento para quienes lo recuerden gobernando como alcalde de San Sebastián en coalición con el PP. A no ser que firmara en 1999 el pacto de gobierno con los populares con la nariz tapada.
Todo indica que los pacientes de la sanidad pública podrán tener en Segovia los beneficios del servicio de radioterapia sin necesidad de acudir en penoso transporte a localidades lejanas
El PP ha prometido en muchas ocasiones la mejora de las infraestructuras sanitarias en la provincia, entre ellas el tan reiterado centro de salud Segovia IV. Las promesas electorales pronto se quedaban en agua de borrajas una vez que pasaba la fecha de apertura de las urnas. Segovia ha sido muchas veces víctima de promesas que se eternizaban en el tiempo. Casi se había convertido la costumbre en un mal endémico. Este mismo año de 2021 pensábamos que otra vez se volvía a las andadas ante la tardanza en acometer los pasos prometidos para la construcción de la segunda infraestructura hospitalaria. Sin embargo, en esta semana hemos conocido dos buenas noticias que parecen romper esa inercia maldita que nos ha asolado durante años. Todo indica que los pacientes de la sanidad pública podrán tener en Segovia los beneficios del servicio de radioterapia sin necesidad de acudir en penoso transporte a localidades lejanas. Por otro lado, el camino para la construcción del centro de Salud Segovia IV parece que se anda con paso firme y que no hay posibilidad de vuelta atrás, al menos que surja lo imprevisto.
Como no siempre ha de utilizarse un editorial como heraldo de críticas y de malas nuevas, nos congratula y saludamos las luces que se puedan abrir en el futuro sanitario segoviano. Y más cuando se ha sabido que la proyectada ampliación sanitaria pretende convertir el hoy Hospital General en un hospital universitario con la incorporación de la Escuela de Enfermería. Una de dos: o se rompe la máxima generalizada que decíamos al principio – la lejanía entre la promesa y la realidad en el ámbito político- o es que están cerca las elecciones anticipadas en la Comunidad de Castilla y León. O ambas cosas. Cuestión de perspectiva.
