La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha levantado la suspensión de la tramitación de la licencia urbanística para el derribo del edificio de 1941 situado en el número 7 de la calle del Puente de la Muerte y la Vida, junto a la plaza de Santa Eulalia, que lleva la firma del arquitecto Manuel Pagola y supone uno de los pocos ejemplos de arquitectura racionalista en la ciudad.
La decisión acordada ayer por el gobierno municipal es calificada como “una mala noticia” por la presidenta del Colegio de Arquitectos de Segovia, Susana Moreno, ya que la entidad colegial ha intentado evitar ese derribo después de que a principios de este año dos profesionales de la arquitectura, Darío Núñez y Carlota González, alertasen sobre el proyecto, que prevé la construcción en el solar de un edificio de nueva planta, e iniciaran la recogida de firmas.
La tramitación administrativa en el Ayuntamiento ha continuado después de que en el mes de mayo la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León denegara el recurso de alzada que presentó el Colegio de Arquitectos contra la autorización de derribo por parte de la Comisión Territorial de Patrimonio.
En cualquier caso, Moreno apela a la propiedad para salvar un edificio que varios expertos en arquitectura entienden posee cualidades suficientes para estar protegido. Sin embargo, esa protección no se recoge en el Plan Especial de Áreas Históricas de Segovia (PEAHIS).
El Colegio mantuvo reuniones con representantes del gobierno autonómico, con el municipal y con la propiedad, a la que trasladó una solución técnica para mantener el edificio sin perder edificabilidad. “Bastaría con llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento, sería bueno que facilitara una modificación en el planeamiento en ese sentido”, señala Moreno, quien sostiene que “había y sigue habiendo posibilidades de llegar a ese acuerdo”.
“Nosotros no tiramos la toalla y confiamos todavía en esa vía porque entendemos que para la propiedad un edificio rehabilitado, con la firma de un arquitecto de prestigio, también otorga un valor al edificio”, añade la presidenta del Colegio.
Moreno insiste en que el PEAHIS era muy necesario, muy esperado pero el plan “contiene errores, este es uno de ellos, habrá más y lo importante no es si hay o no errores en un documento tan complejo y que ha tardado tanto en su tramitación sino que la Administración sea capaz de corregirlos”.
La concejala de Urbanismo, Clara Martín, afirmó en mayo que los promotores han manifestado que no pueden asumir las soluciones aportadas por el Colegio de Arquitectos y el gobierno municipal no puede exigírselo ni privarles de unos derechos adquiridos.
A efectos del ICIO (impuesto de construcciones, instalaciones y obras) el derribo tiene un presupuesto de ejecución material de 19.373,71 euros y la construcción del edificio de nueva planta (para tres viviendas y local comercial), de cerca de 200.000 euros.
