La pasada semana, las Cortes de Castilla y León aprobaron, con el apoyo del PP y la abstención del PSOE, la Ley que regula el Tercer Sector y la modificación de la Ley del Voluntariado. De esta forma, y según han afirmado la Procuradora del PP por Segovia, Mª Ángeles García y la Vicesecretaria de Acción Social y Mujer, Azucena Suarez, la Junta de Castilla y León demuestra su compromiso con las entidades del Tercer Sector Social, con una legislación avanzada que atiende a sus demanda, garantizando su sostenibilidad económica y financiera a través de la concertación y estableciendo obligaciones para garantizar también los derechos de sus trabajadores.
En una conferencia de prensa, García aseguró que el Gobierno Autonómico de Alfonso Fernández Mañueco defiende que «se incremente, desde el 77,72 por ciento actual hasta un mínimo del 80 por ciento el dinero que el Ejecutivo Central destina a las entidades de carácter social de todo lo recaudado con el 0,7 por ciento del IRPF”, a la vez que ha indicado que “se pretende garantizar la financiación de forma estable para las entidades del Tercer Sector, haciendo viables esos proyectos de atención social de una manera continuada y estable”.
La procuradora popular ha destacado el apoyo constante de la Junta a dicho sector con una aportación anual de más de 157 millones de euros a las entidades que lo componen para el sostenimiento de sus servicios. “Pero es que además Castilla y León es la única comunidad autónoma que ha dado participación a estas entidades en el reparto de los fondos europeos y que ha reservado una partida de 15,7 millones para la ejecución de 48 proyectos».
El Partido Socialista en Castilla y León se ha abstenido en la aprobación de la Ley, algo que para Mª Ángeles García demuestra que “se ponen una vez más de perfil cuándo habitualmente se arrogan la defensa de las políticas sociales. Está claro con esta decisión que esa defensa no es real, ya que cuando leyes importantes para las entidades del Tercer Sector llegan al parlamento, no las apoyan. De hecho, su enmienda fundamental se ha centrado en conocer cómo se denomina el órgano de participación”.
Palabras sin hechos
“Los que decían que no iban a dejar a nadie atrás, resulta que se quedan detrás cuando se trata de avanzar en políticas sociales. Obras son amores, y el PSOE se queda en las palabras, no pasa a los hechos”, ha explicado Azucena Suárez, a la vez que ha subrayado que en el PP “tenemos claro que vamos a seguir trabajando por unos servicios sociales modernos y de calidad que sitúen a la persona como centro de nuestras políticas”.
En la provincia de Segovia existen 247 entidades del Tercer Sector, se llevan a cabo 503 servicios en este ámbito de actuación y cuenta con 18 entidades de voluntarios. Por este motivo, Azucena Suárez ha destacado la importancia de dicha Ley pues en su opinión supone “una herramienta útil en el ámbito local, ya que, en un territorio con una dispersión como el caso de la provincia de Segovia, esta regulación supone una mayor coordinación y atención de calidad, concreta e individualizada para intentar llegar a todas las personas de nuestro territorio».
