El Ayuntamiento de Segovia ha enviado esta misma semana el expediente sobre la resolución del contrato de las obras de finalización del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDE) al Consejo Consultivo de Castilla y León para que este pueda dictaminar en el mes de septiembre.
Como ya informó El Adelantado la semana pasada, el portavoz socialista, y concejal de Desarrollo Económico y Empleo, Jesús García Zamora, explicó que se estaba ultimando la documentación con las motivaciones del gobierno municipal para resolver de forma unilateral el contrato con la empresa Rogasa, la última constructora que ha intervenido en las obras de este edificio.
El también primer teniente de alcalde, que esta semana actúa como alcalde accidental, ha explicado que, por la información que le han facilitado, el mes de agosto sí es hábil para el Consejo Consultivo que, en términos generales, tiene 20 días hábiles para emitir un dictamen que es requisito de obligado cumplimiento cuando se produce la rescisión de un contrato con una administración pública.
A mediados de junio García Zamora informó de que Rogasa había solicitado una prórroga del periodo de audiencia en el que podía presentar alegaciones y así se concedió a través de un decreto de Alcaldía del 10 de junio.
Antes, el 21 de mayo, el Ayuntamiento tuvo conocimiento de un primer dictamen del Consejo Consultivo que determinó la caducidad del expediente de resolución del contrato que el gobierno municipal había iniciado en diciembre del año pasado.
Una carambola en forma de sentencia del Tribunal Constitucional afectó a este procedimiento porque no fue hasta marzo de 2020 cuando el Ayuntamiento remitió al Consejo toda la documentación relativa al expediente.
Al mes siguiente, este órgano comunicó que necesitaba un mes más para dictaminar y en ese periodo se publicó el fallo que declara inconstitucional un artículo de la Ley de Contratos del Sector Público sobre los plazos de caducidad.
El concejal socialista ha explicado que la Ley de Contratos establecía un plazo de ocho meses para los expedientes de resolución de contratos pero con esa sentencia ya no es aplicable y ese vacío legal se ha cubierto con la norma ordinaria, que indica que ese periodo de caducidad es de tres meses y, en el caso del expediente del CIDE, venció en marzo.
Asesorado por los servicios jurídicos, el gobierno municipal reinició el 27 de mayo el procedimiento para declarar la caducidad del expediente e iniciar uno nuevo, la vuelta a la casilla de salida.
García Zamora ha explicado que el voluminoso expediente ha pasado por la dirección facultativa de las obras del CIDE, por arquitectos municipales y por los servicios de Contratación, Secretaría General e Intervención del Ayuntamiento antes de remitirse al Consultivo.
Además, ha puntualizado que Rogasa ha presentado alguna alegación más a las que ya hizo al primer expediente de resolución del contrato.
Si el Ayuntamiento recibe un dictamen favorable a la resolución del contrato, tal y como espera el gobierno municipal, hará entonces ejecutiva la medida y, a partir de ahí, podrá iniciar los procedimientos para licitar la finalización del edificio CIDE, así como el mobiliario y la adjudicar de los espacios a empresas u organismos interesados.
García Zamora ha indicado que, entre las cuestiones pendientes, se encuentra una auditoría, certificación de instalaciones (maquinaria sobre todo) y resolver los problemas detectados en la puerta de la salida de emergencia, que podría dificultar una eventual evacuación.
Por otro lado, el alcalde accidental informó de que esta misma semana ha mantenido un encuentro con una empresa “que quería entrar ya en el edificio con quince personas” “No puedo facilitar demasiados datos puesto que se trata de cuestiones estratégicas de las empresas que tienen que adoptar ese tipo de decisiones”, añadió.
