Deliberadamente alejada del análisis político de la sentencia del ‘caso Aguiar’, la alcaldesa Clara Luquero defiende la transparencia en la gestión del área de Cultura y reconoce que la resolución del Contencioso Administrativo revela que “el contrato está mal tramitado al tratarse de un servicio recurrente que el ayuntamiento necesita año tras año y que no procede gestionar con un contrato menor, sino con otras modalidades”.
De este modo, señala que el Ayuntamiento ya está trabajando en el “proceso de subsanación” de estos errores, comenzando por la licitación de un contrato mayor para la prestación del servicio de asistencia técnica en La Cárcel, y señaló que si bien es cierto que el área de Cultura gestiona cientos de contratos al año “no es menos cierto que la sentencia alerta que hay una debilidad en el procedimiento administrativo que también hay que subsanar”.
Para ello, el Ayuntamiento ha iniciado el proceso de selección de un técnico de Administración General que reafirme y refuerce el trabajo de la concejalía dotándole de mayor seguridad jurídica en lo concerniente a las contrataciones, y además emprenderá a través de la Intervención municipal la fiscalización de los contratos menores, priorizando los que estén relacionados con la concejalía de Cultura.
“En este ayuntamiento se gestionan miles de contratos a lo largo del año, que pasan por todos los órganos municipales correspondientes y que están en el portal de transparencia, y estamos hablando de dos mal redactados -asegura Luquero-. Es obvio que no nos complace y que nos preocupen estas sentencias, pero no hay falta de transparencia, sino errores administrativos para lo que ya estamos poniendo medidas que hagan que no vuelvan a repetirse”.
Además, al igual que hizo en la nota de prensa remitida tras hacerse pública la sentencia, Luquero considera que la denuncia del PP sobre el presunto trato de favor al hermano de la concejal “ha quedado demostrada que no es verdad y así lo dice la sentencia con toda precisión”.
Luquero asegura que el PP “puede hacer escándalo o sobreactuar” sobre esta cuestión, «pero la realidad es que estamos hablando de dos contratos mal hechos y lo que hay que hacer es subsanar los errores y reforzar la plantilla con elementos que nos permitan detectarlos y garantizar la seguridad jurídica”.
