En las primeras horas del día de ayer entró en vigor la normativa sobre el uso de la mascarilla en espacios abiertos. Sin embargo, hay dudas más que fundadas sobre la finalidad de la medida. Lo cual es de por sí bastante preocupante. La manera en que se ha tomado, esta vez por iniciativa exclusiva del Gobierno, y no tras una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, hace levantar sospechas sobre si la medida sirve para contrarrestar el efecto negativo que en la opinión pública ha suscitado la concesión de indultos a unos presos sediciosos que no renuncian a repetir los actos por los que han sido condenados. Es decir, si su componente sanitario es menor que el objetivo político que se persigue. Aun con todo, los ciudadanos no deberían relajarse en la adopción de medidas individuales para seguir haciendo frente a la pandemia. El coronavirus no se ha vencido ni se ha terminado. No solo son las administraciones quienes están obligadas a tomar las propuestas más adecuadas, también los ciudadanos deben ser responsables y actuar en consecuencia. Las derivaciones del macrobotellón de Mallorca son sencillamente lamentables. Por más que se entienda la fatiga pandémica, ningún ciudadano, tenga la edad que tenga, tiene que arrinconar sus deberes. Y más en materia de salud.
Esta semana pasada informábamos de que el 50% de los segovianos tienen al menos una dosis de vacuna inoculada
Las vacunaciones van a buen ritmo. Esta semana pasada informábamos de que el 50% de los segovianos tienen al menos una dosis de vacuna inoculada. Preocupa, sin embargo, el retraso que se observa en la administración de la segunda dosis de AstraZeneca a los mayores de 60 años, segmento de población vulnerable. Algunas autonomías han anticipado el calendario. Castilla y León nada dice. Las comunidades, que tantas veces se quejan con razón de ser obviadas por el Gobierno central —por ejemplo en la cuestión de las mascarillas—, deben ejercer su responsabilidad cuando entra dentro del alcance de sus competencias. En eso consiste gobernar.
También esta semana pasada ha entrado en vigor la ley de la eutanasia, aprobada el 18 de marzo. Pero dada la falta de unanimidad que concita su promulgación, bueno será que se considere tan relevante su entrada en vigor como una aplicación rigurosa e indubitada. Quedan lagunas que cubrir que no sería bueno que se proyectaran indefinidamente, entre ellas —quizá la más importante—, la regulación de la objeción de conciencia médica. Para evitar tergiversaciones no estaría de más, por otro lado, una campaña tan organizada como extensa que divulgue el alcance y las características de la normativa. Es cierto que la legislación comparada es escasa, porque son pocos los países que incluyen el derecho a la eutanasia en su cuerpo legislativo. Por ello, el esfuerzo tiene que ser superior al de otros casos. Los comités de bioética deben jugar un papel muy importante. Sería poco conveniente que no quedaran bien protocolizados conceptos que pueden relativizarse en la práctica como percepción de sufrimiento. Nunca puede ser negativo en un Estado de Derecho la existencia de una legislación garantista. Y más en un asunto que levanta tantas susceptibilidades como este.
