El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves 17 de junio la resolución del contrato administrativo de la obra de construcción del edificio para ciclos formativos del futuro Instituto de Educación Secundaria (IES), que se ubicará en el barrio de San Lorenzo, suscrito con la UTE Edificio IES Segovia.

La Administración autonómica zanja dicho contrato como consecuencia de un incumplimiento del contratista consistente en una demora en el cumplimiento de los plazos parciales establecidos y en un retraso injustificado por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial del contrato, incluida la ampliación del mismo. Para reanudar este proyecto, que lleva meses estancando, es necesario que la resolución del contrato con la empresa que empezó la obra sea firme, pero si recurre la empresa “se demorará un poco más”, declaró ayer la consejera de Educación, Rocío Lucas Navas.

En rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Rocío Lucas Navas, indicó que el objetivo de la Junta es reiniciar la tramitación lo antes posible. “La idea que tenemos es que tan pronto sea firme (la resolución del contrato anterior), se adjudique de nuevo, se licite de nuevo” manifestó la titular de Educación. Al hablar de los siguientes pasos explicó que “estamos barajando el mes de septiembre para la licitación y comenzar de nuevo las obras en enero de 2022, si todo va bien”.

Proceso

En agosto de 2018, la Junta de Castilla y León autorizó la construcción de un edificio para ciclos formativos en la parcela donde se ubicará el nuevo Instituto de Educación Secundaria de Segovia. Dicho acuerdo se formalizó, el 25 de marzo de 2019, por la Consejería de Educación y la UTE Edificio I.E.S. Segovia por un importe de 6.056.111 euros y un plazo de ejecución de 18 meses, contados a partir del día siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo, que tuvo lugar el 25 de abril de 2019.

Dos años más tarde, concretamente el 22 de enero pasado, la Administración autonómica inicia la resolución de dicho contrato como consecuencia de un incumplimiento del contratista. Este consiste en una demora en el cumplimiento de los plazos parciales establecidos en el programa de trabajo para su ejecución y en un retraso injustificado sobre dicho programa por un plazo superior a un tercio del plazo de duración del contrato. Asimismo, se han realizado varios requerimientos formales que no han sido atendidos y la actividad en la obra fue cesada totalmente, según relata la Consejería de Educación.

Por otro lado, “profundizando en la existencia de este incumplimiento, es preciso mencionar que la Administración, con el objeto de permitir la ejecución del contrato, amplió en seis meses del plazo de ejecución, resultando un plazo total de 24 meses”, remarca la Junta. “A pesar de la pluralidad de requerimientos al contratista, y de haber acordado la ampliación del plazo de ejecución,—argumenta la Administración— la realidad es que en noviembre de 2020, transcurridos 19 meses desde el inicio de las obras, el volumen de obra ejecutada no superaba el 5,65 % sobre el volumen total, lo que pone de manifiesto la existencia no de un simple retraso, sino de una pasividad por parte del contratista y de un incumplimiento culpable”.

Conforme dispone el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se ha realizado el trámite de audiencia al contratista y a las entidades avalistas. Así, la Dirección General de Centros, Planificación y Ordenación Educativa ha rechazado las presentadas como consecuencia de la plena aceptación de los informes elaborados por los servicios técnicos de la Administración contratante y por el director de obra.

La Junta sostiene que se deberá incautar las garantías definitivas constituidas por el contratista, además de indemnizar a la Consejería de Educación por los daños y perjuicios ocasionados, en lo que excedan del importe de dichas garantías, y proceder a la liquidación de las obras realizadas.