Esta semana se ha vivido un nuevo desencuentro entre el Gobierno central y algunas comunidades autónomas por las modalidades de apertura de la hostelería y el ocio nocturno en la desescalada. Es el enésimo desencuentro. El Ejecutivo central ha cometido un error político —otro— a la hora de afrontar las reuniones de un órgano al que ha querido dotar de las máximas competencias para así diluir su propia responsabilidad: el Consejo Interterritorial de Salud. En este caso la trifulca surgió en el encuentro que se celebró el pasado miércoles.
Estando la situación política como está, no se entiende que no se acordase previamente a la reunión los puntos clave de esta, y más sabiéndose de antemano lo susceptibles que son las comunidades con el horario hostelero, puesto que son ellas las que en primera y última instancia reciben la presión y las críticas del sector. No parece lo más apropiado para crear un clima favorable presentar un documento a última hora, y, menos —sin tiempo para su evaluación—, pretender imponerlo bajo el pretexto de una votación nominal a autonomías con tanto peso político y turístico como Madrid, Andalucía, Galicia, Cataluña o el País Vasco.
Mucho se está acudiendo al máximo órgano judicial de España por quienes sostenían que no había que judicializar la política
Al error político se suma el jurídico. Aduce el Gobierno que ha de cumplirse lo votado en el Consejo Interterritorial, y se apoya en una resolución del Tribunal Supremo. Mucho se está acudiendo al máximo órgano judicial de España por quienes sostenían que no había que judicializar la política; pero no es malo que al menos alguien ponga orden en este galimatías jurídico. El TS, en efecto, avala la obligatoriedad de los acuerdos del Consejo, pero siempre que a estos se adopten por consenso, lo que evidentemente no se produce en este caso.
En este pulso, sorprende la posición de Castilla y León, absteniéndose en la votación. Con independencia de que parezca una indefinición en la política sanitaria que ya debería estar superada -o un tibio desacuerdo con el procedimiento escogido por el Gobierno central-, deja bien a las claras quién decide en materia sanitaria en nuestra Comunidad y el papel de cada responsable político en el ejecutivo de coalición.
Yendo al fondo de lo tratado, en la reunión se votó el documento que prevé las nuevas limitaciones a la hostelería y al ocio nocturno hasta que el 70% de la población esté vacunada —lo que acercaría a la inmunidad de rebaño— y los mayores de 50 años hayan sido inmunizados.
Desde la primera desescalada no se ha superado la dificultad para llegar a acuerdos que fijen criterios comunes
Otra vez se focaliza en la hostelería la causa del problema sanitario. No se comprende, entonces, la extrañeza de algunos por la exclusión de España del club de países seguros por parte de Gran Bretaña, con independencia de que sea esta omisión una muestra más de la ineficacia diplomática de las ministras de Asuntos Exteriores y de Industria, Comercio y Turismo.
Desde la primera desescalada no se ha superado la dificultad para llegar a acuerdos que fijen criterios comunes y diseñen una unidad de acción contra el embate del coronavirus. Es la situación actual de la política española. Todos tendrán su parte de responsabilidad, pero quien tiene encomendada constitucionalmente la máxima competencia, el Gobierno de España, es titular asimismo de la mayor responsabilidad. Y posee instrumentos jurídicos para desarrollar la política sanitaria más acorde con el bien común de los ciudadanos, sin importar cargas ni desgastes. Instrumentos más seguros que una simple mayoría simple en un ineficiente Consejo Interterritorial.
