El Ministerio Fiscal ha solicitado para una pareja ocho años de prisión y el pago de varias multas por retener, agredir y robar presuntamente a una mujer que era compañera de trabajo de la esposa del matrimonio. Lo ocurrido se analizará hoy en el juicio que está previsto celebrarse en la Audiencia Provincial de Segovia, donde comparecerán los acusados y algunos testigos.
Según el relato de la fiscalía, el día 22 de abril de 2021, sobre las diez de la noche, la mujer recibió una llamada telefónica de su antigua compañera de trabajo con la que no mantenía buenas relaciones. La pide citarse con ella en un parque con la excusa de que se sentía mal y quería suicidarse. La víctima accedió y se acercó al lugar, donde la encontró con el marido. El matrimonio empezó a agredirla “dándole puñetazos en la cabeza, para a continuación introducirla entre ambos a la fuerza en el vehículo en el que habían llegado los dos acusados, trasladándola a un descampado a las afueras de la localidad (…) todo ello, en contra de su voluntad y menoscabando su libertad deambulatoria”.
Una vez llegados a esa zona aislada, la mujer fue sacada del vehículo y mientras él la sujetaba, ella la siguió golpeando sobre todo en la cabeza y en la cara, nariz, ojos, recibiendo también patadas en todo el cuerpo. Además le quitaron el teléfono móvil, y la dejaron con un empujón que le hace caer al suelo, perdiendo momentáneamente el conocimiento.
La agredida resultó con lesiones consistentes en policontusiones con fractura de huesos de la nariz, rectificación de columna cervical hiposfagma y traumatismo craneoencefálico leve. Tardó varias semanas en curarse de las heridas.
Dos días después de la supuesta agresión, el día 24 de abril de 2019, la víctima se encontró con los acusados en el Juzgado de Instrucción de Cuéllar y, el hombre, supuesto agresor, con intención de influir en la denunciante a fin de que modificara su actuación procesal, le dice que cuando salga de allí estará muerta porque se está inventando que él le ha pegado.
El propio Juzgado de Cuéllar decretó en primera instancia orden de alejamiento de la víctima tanto de su domicilio, como del lugar de trabajo a una distancia superior a los 500 metros.
