El Juzgado de Instrucción número 6 de Segovia ha desestimado en un auto las alegaciones presentadas por la Fundación Caja Segovia en su demanda civil contra los miembros del Consejo de Administración que aprobó la hipoteca del Torreón de Lozoya.
La Fundación Caja Segovia presentó esta demanda, de 2,5 millones de euros, en concepto de daños y perjuicios ocasionados por el acuerdo del Consejo de Administración que supuso hipotecar el Torreón de Lozoya y otros inmuebles históricos de la ciudad. Al estar cubiertos los consejeros con una póliza de seguros, la demanda de la Fundación también se dirigió contra la compañía aseguradora CASER, la cual se hizo cargo de la defensa jurídica de los demandados.
La Fundación considera que al ser heredera de los bienes patrimoniales de la Obra Social, debía ser indemnizada, cosa que el Juzgado ya rechazó, pero se abrió el plazo de alegaciones que ahora ha resuelto el Juzgado. En el auto acepta lo argumentado por los demandados, y entiende que existe «falta de legitimación» de la Fundación para llevar a cabo el procedimiento.
El auto se basa en la Ley de Fundaciones y en la responsabilidad que pesa sobre los miembros de los consejos de administración. Pero sobre todo recalca que la Fundación presentó la demanda sin estar acompañada de un acuerdo motivado por parte del Patronato. Se limita únicamente a aportar una certificación de la secretaria del Patronato, que considera insuficiente. En este documento se recoge el hecho que llevó a cabo todo este proceso, que ha tenido una vía penal, ya archivada, contra el Consejo de Administración de la extinta Caja Segovia.
En el Patronato de Caja Segovia se sentaban algunos de los que fueron miembros también del Consejo de Administración, y empleados a su vez de la propia entidad de ahorro.
En su reunión de abril de 2018 el Patronato de la Fundación decidió iniciar acciones judiciales contra los miembros del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia asistentes a los Consejos de Administración, de fecha 26 de marzo y 17 de julio de 2012. En ellos se adoptaron los acuerdos necesarios para la formalización del préstamo con garantía hipotecaria con la entidad Banco Financiero y de Ahorros, S.A., (luego Bankia) por un importe principal de 6.864.611,04 euros, suscrito mediante la escritura pública firmada ante el notario de Segovia, José María Olmos Clavijo, el 19 de julio de 2012.
Como se recordará, los inmuebles históricos se presentaron como aval del préstamo contraído a raíz del fallido resultado de una operación urbanística en Asturias a través de la empresa Navicoas. Esta sociedad, participada al 50% por Caja Segovia, quebró y generó una deuda con la Agencia Tributaria asturiana. El temor a que esa deuda recayera en los máximos responsables de la Caja Segoviana, hizo que se formalizara la famosa hipoteca millonaria.
Fueron precisamente algunos de los miembros del Consejo de Administración de Caja Segovia, los que denunciaron los hechos, una vez que EL ADELANTADO DE SEGOVIA difundió la noticia de que existía una hipoteca y que ellos desconocían. Ese grupo de consejeros presentó la documentación oportuna en la Fiscalía Provincial, que decidió luego abrir diligencias contra todos los consejeros, abriendo un denso caso que en su vía penal ya fue archivada, pero se mantiene en la jurisdicción civil.
En esta fase se encuentra inmersa la Fundación Caja Segovia, que se consideró también perjudicada por la decisión del Consejo de Administración, y por ello presentó la demanda que ahora está por resolver.
Fuentes próximas al caso anunciaron que recurrirán este último auto judicial, entre otras cosas porque además se condena en costas a la Fundación Caja Segovia, autora de la demanda.
