La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en julio de 2013 en Angrois (Santiago de Compostela) demandará al Ministerio de Transportes por “la negativa a investigar” el siniestro ferroviario, que provocó 80 muertes, entre ellas la del joven segoviano Curro García Liras, y más de 100 heridos.
Coincidiendo con la presentación de esta demanda, paso previo al inicio de un contencioso-administrativo, la plataforma protagonizó el viernes pasado una concentración frente a la sede del Ministerio en Madrid.
En concreto, el motivo era la entrega y registro en Transportes de la documentación correspondiente al inicio de los trámites para demandar al departamento de José Luis Ábalos y a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) “por su falta de independencia e incumplimiento de la normativa comunitaria y nacional en relación con la investigación de la tragedia”.
Tras el procedimiento de infracción abierto a España por la Unión Europea y “la negativa a investigar la tragedia, como exige Europa”, la asociación de afectados cuenta con acudir a los tribunales de lo contencioso administrativo, si bien, “por imperativo legal”, primero presentará varias peticiones en vía administrativa.
La única investigación realizada hasta el momento por la CIAF señaló al maquinista como el único responsable, por circular con un exceso de velocidad antes de tomar la curva de A Grandeira.
La Agencia Ferroviaria de la Unión Europea censuró este informe por falta de independencia y tanto el Parlamento Europeo como la Comisión han instado en reiteradas ocasiones al Estado español a que acometa una nueva investigación que sí sea independiente y profundice en las causas del siniestro.
En un informe de 2016, basado en la Directiva de Seguridad de 2004, la UE, a través de la Agencia Ferroviaria Europea concluyó que el Gobierno no cumplió con la obligación de investigar la tragedia y puso de manifiesto la falta de independencia y la invalidez de la investigación de la CIAF, ya que no analizó las causas de raíz, precisamente aquellas que afectan al propio Ministerio, Adif y Renfe. El documento concluye diciendo que deberá abrirse una investigación que cumpla con los requisitos de independencia y objetividad.
En enero de 2019, la Comisión Europea inició un procedimiento sancionador contra España por haber incumplido las directivas comunitarias en la investigación de accidentes y puso en entredicho el trabajo de la CIAF al apuntar las “deficiencias en la forma en que el organismo nacional de investigación analiza e investiga los accidentes e incidentes”.
Sin fecha prevista para el juicio, el instructor cerró el sumario (está pendiente la resolución de la Audiencia de A Coruña sobre los recursos) con dos imputados, el maquinista y el exresponsable de seguridad de Adif, de quien afirma que no hizo una correcta evaluación del riesgo.
