Parece ya una costumbre en nuestro Gobierno el hacer descansar en espaldas de terceros buena parte de las medidas ante la crisis, sean sanitarias como económicas. Desde el principio ha hecho hincapié en la responsabilidad de los ciudadanos en el control del coronavirus, lo cual no tendría nada de extraño si fueran acompañadas por iniciativas claras, serenas y firmes desde la Administración. En el campo económico ha sucedido algo parecido. De las dos principales medidas adoptadas solo la exclusión del pago de las cotizaciones sociales a los ERTEs por causa de necesidad ha tenido una repercusión directa en las cuentas públicas; los avales ICO son un instrumento de garantía, y por lo tanto no suponen en principio un devengo económico.
Ahora el Ejecutivo anuncia que impondrá a los grandes tenedores de inmuebles –en el número de 10, sin contabilizar trasteros y garajes- una rebaja del 50% del precio del alquiler en los locales destinados a hostelería y comercio. Los hosteleros y comerciantes se beneficiarán, con lo cual parece una medida razonable, pero lo que llama la atención es que repercute –si se lleva adelante lo contenido en el borrador de orden ministerial- en unos propietarios la solución del problema, y libera a las arcas públicas de cualquier imputación de coste. Otra vez haciendo descansar en terceros una medida como esta, que, por cierto, puede vulnerar la fijación de precio por el concurso de la oferta y de la demanda, y por lo tanto afectar a los principios constitucionales de la libre empresa y de la propiedad privada.
«Tiene que andar con pies de plomo el Gobierno a la hora de la regulación de los mercados»
¿Qué recibirán a cambio estos grandes propietarios? Pues no ha transcendido del borrador de norma beneficios para ellos –sí para aquellos otros que sin ser grandes propietarios se avengan a la negociación con el arrendatario hostelero-. Parece que ser una gran empresa -¿recuerdan los ataques del hoy vicepresidente Pablo Iglesias contra Amancio Ortega?- o un gran propietario es una mala señal en España. Es cierto que la regulación de la propiedad en la Constitución no le confiere a esta un carácter ilimitado, sino que la somete a la función social –artículo 33, 2- pero bien haría el Gobierno, por una vez, en mirar lo que ocurre en Europa, por ejemplo en Alemania, que incentiva la negociación entre arrendador y arrendatario con ayudas fiscales a los propietarios –sean grandes, pequeños o medianos- o propiciando, con las mismas ayudas, las moratorias en el pago de alquileres.
Tiene que andar con pies de plomo el Gobierno a la hora de la regulación de los mercados. Si no, nos podríamos encontrar con una estructura económica en la que se aleja al inversor ante la inseguridad jurídica que supone la intervención. Los Fondos de Inversión, póngase el caso, no están formados por capitalistas al estilo Mary Poppins, sino por pequeños ahorradores que quieren sacar la máxima rentabilidad a su dinero, por ejemplo para tener más renta disponible en su jubilación.
