El Ayuntamiento ha iniciado el procedimiento administrativo para la resolución del contrato con la empresa Rogasa, adjudicataria de las obras de terminación del edificio CIDE (Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial).
Con la aprobación ayer de esta medida por la Junta de Gobierno Local, se abre también un plazo de audiencia de 10 días a la empresa contratista de las obras para que presente las alegaciones que considere oportunas.
La alcaldesa, Clara Luquero, prevé que Rogasa se opondrá a la resolución del contrato en los términos que plantea el gobierno municipal, que incluyen penalidades por valor de 179.160 euros debido al incumplimiento tanto del plazo de ejecución de las obras como de otros términos del contrato.
En este sentido prevé un recurso ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Consejo Consultivo de Castilla y León.
Además, sobre las penalidades o cantidades que la empresa tendrá que abonar, o dejar de cobrar con la liquidación de las obras, Luquero ha indicado que el plazo sigue corriendo para el supuesto de incumplimiento de su ejecución.
El Ayuntamiento ha reservado 100.000 euros en el presupuesto del año que viene para “rematar” las obras del CIDE pero no podrá iniciar ninguna intervención hasta que resuelva, en su caso, el citado Tribunal de recursos contractuales.
La intención del equipo de gobierno es acometer las actuaciones necesarias a través de contratos menores “porque son cosas puntuales y para no demorarnos más”. El mes pasado desestimó la recepción de las obras en base a una decisión técnica de la dirección facultativa que informó de que el edificio no se está en condiciones óptimas y no cumple con las exigencias que hasta en dos ocasiones se requirió a Rogasa, la empresa adjudicataria.
