El día 30 de noviembre se conmemora la 18ª edición de la Jornada Ciudades por la Vida en recuerdo de la primera abolición de la pena de muerte en el Gran Ducado de Toscana en 1786. A esta iniciativa internacional, impulsada por la Comunidad de Sant’Egidio, y en la que participa Amnistía Internacional, se ha sumado el Ayuntamiento de Segovia, quien se adhirió a Ciudades por la Vida el año pasado.
En esta edición, una pancarta con el lema ‘Por un mundo sin pena de muerte‘ cuelga del balcón de la sede de la concejalía de Servicios Sociales, en la calle Marqués del Arco, y la fuente de Santo Tomás se iluminará hoy de amarillo, uniéndose así a los más de 30 municipios españoles que secundan esta iniciativa.
Este año participarán en la Jornada más de 2.300 ciudades de todo el mundo, desde Roma a Johannesburgo. En España, son más de 80 las ciudades inscritas a esta iniciativa y, más de 30, como Bilbao, Cáceres o Palma de Mallorca, las que llevarán a cabo actos como la iluminación de edificios emblemáticos y/o colgando pancartas reivindicativas. Una reivindicación que también tendrá lugar en Castilla y León con acciones de rechazo contra la pena capital que se van a desarrollar en localidades como Béjar, Benavente, Burgos, El Barco de Ávila, Ledesma, León, Ponferrada, Salamanca, Toro, Valladolid y Zamora.
Sólo 20 países fueron responsables de todas las ejecuciones conocidas que se llevaron a cabo durante 2019, según Amnistía Internacional. China, Irán, Arabia Saudí, Irak o Egipto continúan liderando la terrorífica lista de los ejecutores. China sigue año tras año siendo el mayor ejecutor mundial, aunque se desconoce la verdadera magnitud de esta pena dentro de sus fronteras, cuya cifra oficial es de 657 ejecuciones. Excluyendo a China, el 86% de las ejecuciones conocidas se produjeron en tan sólo cuatro países: Arabia Saudí, Egipto, Irak e Irán.
Amnistía Internacional reivindica que «la pena de muerte viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es el castigo cruel, inhumano y degradante por excelencia». Según esta organización, no existe ni una sola prueba fehaciente de que la pena de muerte sea un factor disuasorio a la hora de cometer un delito.
Con motivo de la jornada de Ciudades por la Vida, Amnistía Internacional quiere destacar la situación de Yahaya Sharif-Aminu, de 22 años, condenado a muerte en el estado de Kano, en Nigeria, por blasfemia tras componer una canción. Pena que incumple las obligaciones contraídas por Nigeria en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Amnistía Internacional ha recogido más de 106.000 firmas en contra e insta al Gobernador del estado de Kano, Abdullahi Umar Ganduje, a que se abstenga de firmar cualquier orden judicial de ejecución y que disponga la liberación de inmediato y sin condiciones de Yahaya Sharif-Aminu.
