Miles de familias se han manifestado en coche por las principales calles de sus ciudades para decir no a la reforma educativa, la Lomloe o ley Celaá, porque consideran que cercena la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos y atenta contra la pluralidad del sistema actual. Diferentes caravanas de vehículos, todos adornados de banderolas y globos naranjas, han protagonizado la protesta convocada por la Plataforma Más Plurales, que engloba a la comunidad de la educación concertada, en decenas de ciudades como Madrid, Logroño, las cinco capitales de Castilla-La Mancha, Zaragoza, Oviedo, Cáceres y Santander, entre otras.
El epicentro de las marchas naranjas, el color elegido por la educación concertada para protestar contra el trato discriminatorio que, según sostienen, les otorga el Gobierno, ha sido Madrid, con una caravana de vehículos que ha colapsado el eje central del paseo de la Castellana en ambos sentidos entre las plazas de Cibeles y de Cuzco, junto al estadio Santiago Bernabéu. Bajo el constante pitido del claxon, unos 5.000 coches, según la Delegación del Gobierno en Madrid, han participado en la protesta, la mayoría secundada por familias completas con niños que han exhibido pancartas y banderas con el lema ‘Stop ley Celaá’.
«Tenemos que poder elegir: el que quiera educación laicista, el que la quiera religiosa, concertada o privada. Yo quiero que me dejan elegir lo que más le conviene a mis hijos», han exigido unos padres que se han sumado a la manifestación con sus tres niños. Otro padre ha pedido a la ministra Celaá que escuche a todos los ciudadanos porque su ley, ha dicho a Efe, «es injusta», mientras que otra pareja con niños ha recordado al Gobierno que «los hijos son de los padres». Todos han insistido en que la decisión de elegir educación concertada o especial sea solo de los padres y que, por tanto, no se limiten las plazas de estos colegios.
La protesta de este domingo es la cuarta convocada por la plataforma desde que se inició la tramitación parlamentaria, pues consideran que la nueva ley es un «atropello» y una «auténtica aberración», sin olvidar que, en su opinión, puede afectar a más de tres millones de alumnos de la escuela concertada. Las marchas que se han seguido en decenas de ciudades han estado respaldadas por PP, VOX y Ciudadanos, que votaron en contra el pasado jueves en el Congreso al proyecto de ley. Los dos primeros han avanzado que, una vez entre en vigor, la recurrirán al Constitucional por ser sectaria y contraria a la libertad de elección de centro. En Madrid, el PP se ha volcado con el rechazo a la ley. Su presidente, Pablo Casado, acompañado de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y del alcalde de la capital y portavoz nacional , José Luis Martínez-Almeida, han acudido en un coche.
Casado ha prometido que el PP hará «todo lo posible» en las comunidades que gobierna para «evitar los estragos» de una ley que considera «mala para el futuro, para la unidad nacional y para la calidad educativa», que es, ha añadido, «la palanca del desarrollo» de España. Ha pedido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que «escuche» a las familias que han acudido este domingo a la protesta y que piden «libertad» y «respeto para España». En el mismo lugar Ayuso ha avanzado que llevará a los tribunales «y a todas las instancias donde sea necesario» la defensa del derecho de libertad de educación y que lo acompañará de una reforma que presentará en la asamblea para mejorar la calidad de la enseñanza.
En la misma línea, la vicesecretaria nacional de Organización del Partido Popular, Ana Beltrán, ha asegurado este domingo que su partido no va a aplicar «las medidas más lesivas» de la ley Celaá en las comunidades autónomas en las que gobierne. Unas intenciones que desde el PSOE se han censurado duramente. Su portavoz de Educación en el Congreso, Luz Martínez Seijo, ha reprochado al PP que no se puede «alentar al desacato» ni cuestionar la aplicación de la reforma educativa de la Lomloe en ninguna autonomía, porque es «una irresponsabilidad absoluta». Martínez ha pedido a Casado que «vuelva a la moderación» y abandone «planteamientos ultras y extremistas«.
EDITORIAL | ‘La Ley Celaá’
