El Gobierno decretó ayer el estado de alarma en Madrid para poder mantener el confinamiento perimetral, al negarse la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a pactar una fórmula legal que preservara el cierre ordenado por el Ministerio de Sanidad y anulado ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad.
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de visita en Barcelona con el rey, pulsó el botón de emergencia mientras Díaz Ayuso pedía de nuevo tiempo, tras agotar las 24 horas que había tenido para presentar un plan alternativo y cuando ya se había esfumado el enésimo intento de mediación de su vicepresidente, Ignacio Aguado.
Decisiones y cálculos repetidos, entre desencuentros y reproches en ambas direcciones, mientras el coronavirus sigue su letal camino, ajeno a las disputas políticas, con 261.762 contagios y 9.739 muertes en una región que desde el mes de agosto está por encima de los niveles de contagio que la Organización Mundial de la Salud considera alarmantes.
El estado de alarma, aprobado por el Consejo de Ministros por los 15 días fijados inicialmente por la ley, posibilita que siga vigente el confinamiento perimetral de Madrid y otras ocho ciudades de más de 100.000 habitantes de su conurbación: Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz. Alcalá de Henares queda fuera al haber mejorado sus datos.
La medida entraba en vigor a las pocas horas tras publicarse en el BOE y se ponía en marcha la operación especial de control con unos 7.000 policías, que hasta entonces nada pudieron hacer por evitar las salidas habituales en un fin de semana, que en esta ocasión coincidía con el inicio del puente del 12 de octubre.
Esa circunstancia pesó de forma especial en la urgencia de la medida adoptada por el Gobierno porque se trataba de evitar la salida de la capital de miles de madrileños hacia sus segundas viviendas o zonas de descanso en la costa o en el interior, ante el temor expresado por diversos presidente autonómicos.
Previamente las posiciones habían quedado perfectamente fijadas. Por parte del Gobierno, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, había defendido su estrategia jurídica con menos sobriedad de palabra de la que acostumbra: “La presidenta de Madrid decidió no hacer nada. Podemos cruzarnos de brazos o podemos frenar al virus… La paciencia tiene un límite. No hay más ciego que el que no quiere ver”.
Tras poner como ejemplo las restricciones adoptadas en París, Berlín o Londres, con una incidencia mucho menor de contagios, Illa ha dicho que “la obligación de cualquier Gobierno con alma es frenar al virus, aunque suponga sacrificios” y ha remarcado, en un reconocible símil de porcentajes: “En política, el 99% es discutible, pero el 1% es indiscutible y que en Madrid hay transmisión comunitaria es indiscutible».
Las hostilidades están servidas, en directo, en diferido y hasta anticipadamente, porque, mientras estaba reunido el Consejo de Ministros, el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, ha comparecido en rueda de prensa para dejar claras sus intenciones: “Cada día que pase pediremos, con datos, que se levante el estado de alarma”.
