El sindicato médico CESM convoca una huelga general de los profesionales como respuesta a la reciente aprobación del Real Decreto-Ley 29/2020 que en sus artículos 2 y 3 afecta directamente aspectos clave de la contratación y cualificación de los médicos y que supone “un ataque directo a la calidad de la asistencia sanitaria”, detalla el sindicato en una nota de prensa.
CEMS cree que la medida puede afectar gravemente a la sanidad pública porque, si esta medida entra en vigor, expone el sindicato, supondrá que las Comunidades Autónomas podrán contratar a licenciados o graduados en Medicina para labores de Especialistas (sin necesidad de poseer el título de que lo avala) para desempeñar cualquier especialidad médica hospitalaria. Igualmente, la norma permite emplear a facultativos extracomunitarios sin la titulación especializada para desempeñar estas funciones tan específicas, teniéndose en cuenta en este caso el período de servicios prestados como referencia para el reconocimiento de la especialidad.
Pero a su vez, esta norma habilita a los Gobiernos autonómicos para destinar a cualquier Especialista fuera de su ámbito concreto de trabajo, con el objetivo de realizar otros destinos médicos dentro del centro hospitalario o bien ser derivado a la Atención Primaria en su área de referencia. En la misma línea, podrán derivar facultativos de la Atención Primaria para prestar servicios a hospitales de referencia u hospitales de campaña.
Para CESM Segovia estas medidas “son un ataque directo al prestigio y reconocimiento médico» y con la entrada en vigor de este Real Decreto «se pone en riesgo la salud de los pacientes«, en palabras del presidente de este sindicato en Segovia, Miguel Marina, que califica de «barbaridad» la normativa, afirmando que cuando se hizo pública, pensaron que se trataba de un «noticia falsa que se difundía por error«.
Entienden que las condiciones sanitarias no son las más idóneas para convocar una huelga, pero creen que es una respuesta rápida a una propuesta que supone «un ataque para toda la sociedad, porque todos somos pacientes y no podemos consentir esa agresión a la sanidad pública. Es una falta de respeto a la profesión médica y a los ciudadanos«. Por todo ello, exigen la retirada inmediata de la norma y que utilizarán todas las herramientas legales a su alcance para echar por tierra esta ley.
