Hace hoy una semana, el viernes pasado, comenzó la inspección municipal en el edificio CIDE, Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial, para comprobar si la empresa había cumplido en plazo con el requerimiento que hizo el equipo de Clara Luquero en julio, cuando no se recepcionaron las obras al encontrar la dirección facultativa varias deficiencias.
Se trata de una inspección muy minuciosa, según explicó ayer el concejal de Desarrollo Económico y Empleo, Jesús García Zamora, y, por ejemplo, en esa primera jornada únicamente se comprobó el estado de una planta y media de las cuatro que tiene el inmueble.
“Se trata de un edificio singular, con más de 8.000 metros cuadrados, y la recepción no es un acto administrativo simple por sus características, no es lo mismo comprobar si se ha subsanado la rayadura en un panel, algo sencillo, que la maquinaria que, además de ser muy cara, es algo que tiene que hacerse en distintos momentos”, añadió el edil socialista.
En cualquier caso, afirmó que el gobierno municipal sigue en contacto con las empresas que en su momento manifestaron interés por instalarse en el CIDE e incluso reveló que el miércoles una de ellas informó de que quería hacer una visita al edificio porque otra empresa con la que trabaja de manera habitual puede estar igualmente interesada. No quiso revelar el nombre de ninguna de ellas “porque se trata de estrategias empresariales y no me corresponde a mí”, comentó.
Además, García Zamora indica que el equipo de gobierno mantiene la hoja de ruta que ya señaló la alcaldesa en agosto, consistente por una parte en trabajar en los pliegos para la contratación de la dotación del mobiliario de las zonas comunes del edificio y en el de la asignación de espacios para las empresas y, por otro, en inaugurarlo este mismo otoño para que las empresas puedan estar instaladas a primeros de 2021.
Como se recordará, las obras para finalizar el edificio, que arrastraba ya retrasos desde 2013, se licitaron en octubre de 2018 a Rogasa Construcciones y Contratas. El coste económico se fijo entonces en casi tres millones de euros. Un año después se formalizó la modificación del contrato, lo que supuso un incremento del coste en 248.481 euros.
Estas obras deberían haber finalizado el 9 de enero por lo que el Ayuntamiento ha abierto un expediente de penalidades a pesar de que se restarán dos semanas al periodo computable por el tiempo de inactividad decretado por el Gobierno de España durante el estado de alarma.
