El pleno que celebró ayer el Ayuntamiento de Segovia tuvo casi de todo. Comenzó con fiestas pero se torció en el debate sobre el dinero, por los euros que la Tesorería municipal acumula desde 2013 por una Ley que para unos, los del centro hacia la izquierda, es mala malísima y, además, del señor Montoro, que era ministro de Hacienda del Partido Popular con Mariano Rajoy y, para otros, más del centro hacia la derecha liberal, la panacea de la estabilidad presupuestaria frente a administraciones manirrotas. Como cabía esperar el debate solo sirvió para dibujar con trazo grueso la enorme distancia de ambos bloques sobre la posición que tiene que adoptar la alcaldesa acerca de esos ahorros municipales.
Lo de las fiestas locales se resolvió en un pis pas y, como también era de esperar, el año que viene serán el martes 29 de junio, San Pedro, y el lunes 25 de octubre, San Frutos.
Poco duró el consenso alcanzado con los reconocimientos unánimes a la figura de un deportista y entrenador de atletas, Isaac Sastre, y a un empresario belga, Bart Van Maderen, a este último por invertir en la ciudad a través de un grupo multinacional del sector de la higiene personal.
Después del debate económico hubo tiempo también para confraternizar y hasta se escaparon algunas lágrimas y fue mucha la emoción y muchas las palabras cariñosas, incluso por parte de la bancada de la oposición, hacia Claudia de Santos en su última intervención como concejala de la corporación, tras la renuncia anunciada hace días.
Pero ese encantamiento de las despedidas se disolvió muy pronto y en el turno de ruegos y preguntas, ya al filo de las dos de la tarde, el edil del PP Julio César Santos, que siempre se caracteriza por ser extremadamente respetuoso, cuando no casi invisible (interviene muy poco), lanzó un amargo reproche para la alcaldesa porque entendió que la presidenta de la corporación había llamado vagos a los concejales de la oposición y, a continuación, la concejala de Cultura, Gina Aguiar, lanzó también dardos de indignación –saltaban chispas– dirigidos al portavoz de los populares, Pablo Pérez, y al concejal de este mismo grupo Marco Costa, por pregonar sus sospechas de que contrata por “dedazo” sin conocimiento ni causa, por lo que dijo la edil del Grupo Socialista.
Las mociones que habían presentado tanto Ciudadanos como Partido Popular a esta sesión ordinaria de agosto, no prosperaron, y nuevamente era muy previsible que así fuera.
Pérez y el concejal de Cs David García-Foj echaron mano de hemeroteca, de archivo, hasta de una grabación, para recordarle a la alcaldesa, pero también a los portavoces de Izquierda Unida y de Podemos, que hace tres meses defendían el uso sin condiciones de los ahorros municipales, los denominados remanentes de Tesorería y ahora se muestran complacientes con la propuesta del Gobierno de España, tras el acuerdo alcanzado en agosto en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), eso sí sin consenso político.
Luquero, que de vez en cuando tiene que recordar que como presidenta puede cerrar los debates, afirmó que ese dinero son recursos económicos de todos los segovianos y reiteró que “deberían poder utilizarse de manera incondicional”. Sin embargo, utilizó varias veces la coletilla “de manera hipotética” para defender el acuerdo y el Decreto Ley que, como todos los grupos municipales admiten, todavía tiene que convalidarse en el Congreso de los Diputados y no parece que hasta el momento cuente con respaldo suficiente.
En este sentido, la alcaldesa sostuvo que si se producen modificaciones en la tramitación parlamentaria de esa normativa “estudiaremos con lupa hasta la letra pequeña y los informes de Intervención y de Tesorería antes de que “la alcaldesa tome la decisión adecuada, que nadie lo dude”.
El portavoz del Grupo Popular, que llegó a decir que si no existiese la Ley Montoro el Ayuntamiento de Segovia, con los socialistas al frente, hubieran dilapidado el dinero en el proyecto del CAT y sus once edificios, insistió en lo del “chantaje” del Gobierno de Pedro Sánchez a los ayuntamientos y recalcó que el fondo de reconstrucción económica de 5.000 millones de euros para los que finalmente cedan sus remanentes es injusto con los que no tienen esos ahorros y han sufrido igual o más la pandemia del coronavirus. Para Pérez es comparable a un absurdo como que para conceder el Ingreso Mínimo Vital que el Ejecutivo central ha puesto en marcha recientemente se tuvieran en cuenta los ahorros que tienen en su cuenta los solicitantes.
A su juicio, deberían primer criterios sociales, económicos y sanitarios, al tiempo que reiteró que el Ayuntamiento debe rechazar “cualquier tipo de acuerdo que sirva para hacer políticas socialcomunistas” con el dinero “que procede del esfuerzo con lágrimas de los segovianos que no llegan a fin de mes pero se les saja bien a impuestos”. Aquí tuvo que interrumpir su intervención porque se escucharon algunas risas, y con enfado reprochó esa actitud.
El portavoz socialista, Jesús García Zamora acusa a los populares de seguir las directrices de Génova, mientras en el PP aseguran que si se ceden los remanentes es por que lo manda Sánchez y el PSOE.
Insolidaridad
Por otro lado, ante la crítica por “insolidario” del fondo de 5.000 millones, García-Zamora responde que no es así pero que “en mi condición de concejal del Ayuntamiento de Segovia lo que me preocupa en primera instancia son los intereses de mi ciudad y ser solidario con ayuntamientos que triplican el presupuesto del de Segovia sería de ser tonto del haba”.
La alcaldesa, por su parte, aseguró que nadie de su partido le ha llamado para interferir en la decisión que tiene que adoptar sobre este asunto “porque saben que yo defiendo los intereses de la ciudad”.
Por el contrario, Luquero cree que desde el PP están condicionando las decisiones de alcaldes de este partido y perjudicando a sus municipios.
Desde el resto de grupos políticos, García-Foj recalcó que, según la formación naranja, la alcaldesa y el Grupo Socialista han cambiado de opinión en tres meses, mientras que desde que el Partido Popular aprobara la Ley Montero han pasado ocho años. Además, estuvo especialmente insistente en conocer los informes técnicos que pueden avalar la decisión política y también inquirió sobre otras posibilidades de utilización de los remanentes sin necesidad de cederlos al Gobierno central.
Puso el edil de Cs algunos ejemplos como la adquisición de coches eléctricos, inversiones en materia de protección civil, servicios públicos o el pago de deuda.
El portavoz de Podemos, Guillermo San Juan, exhortó a Pérez hasta en dos ocasiones a que pidiese perdón por los estragos que su formación estima que ha ocasionado la Ley Montoro de estabilidad presupuestaria y se mostró convencido de que el Decreto Ley no va a convalidarse tal y como lo ha planteado el Ministerio de Hacienda.
También desde IU, Ángel Galindo, se mostró partidario de modificar una normativa que mejora lo existente, según su formación, pero que es “insuficiente”. En opinión de este portavoz, intentar descalificar al Gobierno de España hablando de políticas socialcomunistas solo obedece a “una falta de respeto y de argumentos”, y calificó el contenido de la moción de los populares de “insulto a la inteligencia”.
Moción de ciudadanos
Por otro lado, la moción que defendió ciudadanos para aliviar la presión fiscal de los comercios y negocios locales y para poner en marcha un plan de reactivación económica solo consiguió el apoyo de los nueve concejales del Partido Popular y no salió adelante.
Podemos e IU criticaron la ausencia de propuestas concretas, mientras el portavoz socialista dijo que se trataba de una propuesta catastrofista “que roza la deslealtad institucional”. Sobre el programa de bonos comercio, insistió en que seguirá adelante con más mejoras.
La portavoz del grupo naranja, Noemí Otero, reclamó nuevamente mesas de consenso “para que podamos ser parte de la solución”, dijo, e insistió especialmente en una mesa sobre tasas municipales para reducir la incertidumbre de los segovianos, especialmente del tejido económico, de cara a 2021.
