Los colectivos sociales de Teruel tuvieron la feliz ocurrencia hace años de sacar un lema: “Teruel existe”, de gran aceptación popular. Teruel fue excluida del Objetivo 1 de la UE a comienzos de los 90, pero el entonces ejecutivo regional consiguió un plan especial para la provincia financiado al 50% por el gobierno central. Al tiempo, se puso en marcha un programa de industrialización de la cuenca minera en la que incluso llegó a participar Endesa, que hace un par de días dio el cerrojazo a su térmica de Andorra. La iniciativa social ha devenido en política, y lo que fue un espontáneo movimiento tiene un representante en las Cortes Generales de los tres —igual que Segovia— con que cuenta la provincia.
Soria tiene también su lema, “Soria ya”, con un plan de dinamización y unas inversiones de 90 millones de euros. A este dúo se le ha sumado Cuenca, que comparte con las anteriores una densidad casi de Laponia, menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado y una altitud orográfica que encarece cualquier servicio público.
El futuro trae nubarrones: nada indica que la financiación autonómica, estancada desde 2014, cambie sus criterios a la hora ponderar a la población antes que al territorio, y la reforma de la PAC viene con recortes fuertes. ¿Y qué pasa con Segovia? Nuestra provincia comparte algunas de las características de sus hermanas, aunque las duplique en densidad poblacional. Pero sigue teniendo un déficit sanitario evidente, y de formación, como se ha visto estos días, y de algunas infraestructuras en la propia ciudad como la carretera al Valle de la Tejadilla o el módulo cubierto de atletismo, por citar meros ejemplos. Y ahora se unen las carencias resaltadas por el presidente del TSJCyL: Segovia es un ejemplo de lo que no debe ocurrir en el siglo XXI en lo que se refiere a la adecuación de los edificios judiciales. Nos alegramos del compromiso con Teruel, Soria y Cuenca, pero Segovia, ¿para cuándo?
