Han respondido cuando más se las ha necesitado, han vencido miedos y corrido riesgos, han estado donde la pandemia ha hecho más daño y ahora se las castiga por ello.
Son un grupo de 26 Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) que han trabajado en las residencias de personas mayores de la Junta de Castilla y León en los días más críticos del Covid-19. Sienten que el acto de responsabilidad que mostraron se ha vuelto en su contra porque las resta posibilidades de tener trabajo este verano.
“Hemos estado en primera línea de batalla del Covid y ahora nos castigan y nos mandan a casa”, dice una portavoz de este grupo que quiere hacer valer su profesionalidad, entrega y la experiencia acumulada en la crisis sanitaria. Creen que deberían ser merecedoras de una discriminación positiva a la hora de tener de nuevo trabajo y no negativa como hace pesar la aplicación de los reglamentos de contratación de la Junta.
Resulta que por haber tenido un contrato reciente, aunque en algunos casos fue de días, pasan a los últimos puestos de la lista de contratación. “Y la gente que rechazó estar en las residencias con los ancianos, puso sus excusas y se quedó en el paro, está por delante de nosotras; son ellos los que deberían ser sancionados”, comenta indignada la portavoz del grupo. “Pero no, lo mejor se lo van a quedar ellas, que en algunos casos ya están trabajando, y a nosotras nos dejarán lo peor y seguimos esperando en casa”, añade haciendo referencia a las condiciones de la contratación estival.
Los afectados señalan exclusivamente a las residencias Asistida y Mixta de Personas Mayores que son de la Junta de Castilla y León. Aseguran que en los centros de Sacyl y de la Diputación han respetado y han procurado mantener hasta final de verano a los profesionales que contrataron durante el confinamiento.
Experiencia ante otro brote
Las auxiliares que se sienten agraviadas han expresado su reclamación en varias cartas que ha enviado al Servicio de Empleo, la Gerencia de Servicios Sociales, la Delegación Territorial de la Junta y las residencias. En sus escritos, aseguran que ante posibles rebrotes de la pandemia aportan una experiencia y una disponibilidad “demostrada e indiscutible”. Cuentan a los responsables de los servicios de la Junta que fueron las primeras en acudir para ayudar a paliar la emergencia sanitaria generada por el Covid-19 porque consideraban que su presencia era necesaria. Sin embargo, “tuvimos que escuchar a otros sanitarios —relatan—que nos decían que no acudían porque sentían miedo y preferían esperar a los contratos de verano cuando todo ya hubiera pasado. Porque los contratos de verano no son bajas como en algunas ocasiones de tres días y no perdían la antigüedad en el paro por ello. Como así han hecho”.
También agradecen la consideración que pueda tener la Administración para aumentar su puntuación en la historia laboral, pero aclaran que esto “no es comparable a tener un contrato de cuatros meses. Esperan que no se cultive la creencia de que ante nuevas alarmas sanitarias, sea por Covid o no, “lo mejor es quedarse en casa, no correr riesgos y esperar en el paro para tener antigüedad y ser llamados los primeros cuando pase todo, con los contratos más largos y atractivos”.
