El delegado de CSIF en el Ayuntamiento de Segovia Ángel González García ha denunciado en una nota de prensa el retraso que a juicio de este sindicato se está produciendo en la realización de pruebas de detección del coronavirus a policías y bomberos, así como al resto de trabajadores municipales “que han efectuado, y siguen efectuando funciones esenciales… como los que han prestado servicios de atención al público (servicios sociales, ayuda a domicilio, etc.).
En este sentido, la central sindical, aunque admite que los EPIs (equipos de protección integral) y las medidas preventivas aportadas por el Ayuntamiento han surtido los efectos deseados y evitado contagios, considera “que se debe ir más allá”, y por ese motivo los días 14 y 28 de abril presentó dos escritos solicitando la reposición de EPIs y una prueba PCR para los trabajadores del Consistorio segoviano, “a fin de determinar si son o no portadores del virus Covid-19, y poder así proteger su propia salud, la de compañeros y la de los ciudadanos”.
Añade que no ha recibido respuesta perol que el día 30 de abril “se ofrece a los policías locales y bomberos la posibilidad de someterse a las pruebas”. Al sindicato le consta que los servicios municipales remitieron el listado con el personal que debe someterse a estas pruebas a la Junta de Castilla y León, como Administración competente en Salud Pública, y con el argumento de que son trabajadores con funciones esenciales.
El pasado 4 de mayo los servicios municipales trasladan a CSIF un informe de la directora general de Salud Pública de la Junta, “por el que recomienda que no se hagan test de detección de coronavirus a trabajadores asintomáticos que no hayan tenido exposición al riesgo, y que se limiten a aquellos que hayan desempeñado funciones de carácter esencial, como por ejemplo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, según ha explicado González García.
Sin embargo, insiste en que el tiempo pasa y ningún policía y bombero del Ayuntamiento de Segovia ha sido citado para la realización de la citada prueba de detección de coronavirus y, por supuesto, ningún otro trabajador municipal.
Desde esta central sindical, se insiste en que al menos “se podía haber convocado de forma telemática al Comité de Salud del Ayuntamiento para analizar estas y otras propuestas presentadas por otros sindicatos, haciendo así partícipes a los representantes de los trabajadores en la toma de decisiones y aportaciones en la elaboración de los Planes de Prevención”.
Añade que se ha convocado para hoy, 12 de mayo, una reunión del citado comité, “un mes después de la última reunión, ahora que afortunadamente el número de contagiados es menor, cuando se debería haber convocado mucho antes, en los momentos que el número de contagiados era superior”.
CSIF exige al Ayuntamiento que de forma inmediata, realice las citadas pruebas a los trabajadores que han desempeñado funciones esenciales, o bien lo exija a la Administración competente en Salud Pública, así como “al resto de trabajadores municipales que pasen a prestar servicio de atención directa al público”.
Alcaldesa
La alcaldesa de la ciudad, Clara Luquero, se ha mostrado sorprendida por esta reclamación de CSIF y asegura que no tenía conocimiento “de que no se hayan hecho –las pruebas de detección–, me interesaré y veremos qué podemos hacer. Acabo de estar con el jefe de la Policía Local –por ayer por la mañana– y no me ha trasladado que hubiera un problema o un retraso”.
Luquero asegura, por otro lado, que tanto a los policías como a los bomberos que han tenido síntomas desde que comenzó la actual crisis sanitaria por Covid-19 “se les ha hecho inmediatamente el test, tengo que decirlo porque en la videoconferencia que tenemos cada día con todas las autoridades se ha estado viendo esto”.
Admite, sin embargo, la corregidora, que “en una segunda etapa, con más test sobre la mesa, lo que se intenta es que todas las fuerzas de seguridad y policía local tengan los test hecho y se ha solicitado”.
“Imagino –recalca– que se estará priorizando a personas que muestren síntomas, y me parecería razonable, igual que se ha empezado por profesionales sanitarios, de residencias de mayores, fuerzas de seguridad y policía local y después también a los de servicios sociales, como ayuda a domicilio”.
