El escenario generado por la crisis sanitaria del Covid19 ha hecho que el Área de Asuntos Sociales de la Diputación, en su deber de atender las necesidades sociales de los más desfavorecidos de la provincia, cobre mayor relevancia si cabe y sea el centro de la mayoría de decisiones adoptadas a lo largo del Estado de Alarma; unas decisiones que, en lo que respecta al derecho básico de alimentación de los más pequeños, han permitido que un total de 389 familias reciban una tarjeta prepago que poder utilizar para la compra de alimentos.
Según informa la Diputación en una nota de prensa, las familias destinatarias, todas ellas residentes en municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes, y con entre uno y tres hijos, beneficiarios de una de las becas comedor concedidas por la Consejería de Educación, están recibiendo por correo postal estas tarjetas, cuyo uso es personalizado y está limitado exclusivamente a establecimientos de alimentación, según los códigos de clasificación de comercios.
Junto a la tarjeta, las familias beneficiarias están recibiendo también una carta del presidente de la Diputación y titular del Área, Miguel Ángel de Vicente, acompañada de las instrucciones pertinentes de activación de la tarjeta, de cuyo proceso se están encargando Correos y Mastercard y que contempla varias opciones.
Para De Vicente, el Área de Asuntos Sociales, “lejos de permanecer ajena ante esta problemática, ha querido apoyar económicamente las necesidades de nuestras familias, a través de la concesión de una cuantía dineraria que garantice el derecho básico de alimentación de los niños beneficiarios de una de estas becas o ayudas y que, con el cierre de las escuelas, se han visto perjudicados”.
Por este motivo, y teniendo en cuenta, tanto el acuerdo del Consejo de Ministros del 24 de marzo ,como el montante económico de 82.899 euros recibidos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, la Diputación ha acordado dotar a cada una de estas tarjetas de 157,30 euros por niño beneficiario.
Con esta medida, la institución provincial, que ha recibido de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León un listado de familias necesitadas de estas ayudas, espera poder ofrecer a los vecinos de la provincia que se han visto afectados por el cierre de las escuelas y los comedores, una solución temporal que garantice el derecho de los menores de tener acceso a una alimentación necesaria para su desarrollo físico e intelectual.
