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Los abogados temen el “caos absoluto” en la Justicia

por EL ADELANTADO
21 de abril de 2020
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El Colegio de Abogados de Segovia ha alertado de la posibilidad que se produzca “un caos absoluto” en la administración de Justicia si no se pone en marcha un plan de agilización que permita “desatascar el sistema”, según ha declarado el decano del colegio profesional, Julián Sanz Gómez.

Si el sistema “ya estaba caótico” antes del inicio de la crisis de emergencia sanitaria, la suspensión de actuaciones judiciales no esenciales decretada por el Estado de Alarma “puede llevar al colapso si no se habilitan de forma urgente espacios y horas para avanzar en los procedimientos”, ha enfatizado Sanz Gómez.

Según ha recordado el letrado segoviano, desde que se iniciara el estado de alarma “está todo suspendido excepto las asistencias al detenido, las guardias y los procesos judiciales relacionados con los derechos fundamentales”.

Una de las últimas medidas dictadas por el CGPJ y que se puso en marcha la pasada semana es la presentación de escritos en los juzgados vía telemática por parte de abogados y procuradores. Sin embargo, el hecho de que los plazos estén paralizados y exista sólo un diez por ciento de los funcionarios judiciales cubriendo los servicios mínimos, hace que esta medida “no resuelva nada”.

Asimismo, Sanz Gómez ha afirmado que durante el Estado de Alarma pueden recibir sentencias, autos o providencias que de alguna manera finalicen los procedimientos o por lo menos se tenga en ese trámite procesal una finalización para poder llevar a cabo los recursos correspondientes, “pero no me consta que se esté realizando, los LAJ no lo están remitiendo, lo que supone otro tapón más en los juzgados”.

“Tanto jueces, como LAJ sí que tienen la posibilidad de trabajar a distancia, pero el resto de funcionarios judiciales no y encima sólo pueden acudir de forma presencial un diez por ciento de ellos”, ha aclarado.

En cuanto a los propios abogados, colectivo liberal que en su mayoría es autónomo, el agujero económico “hará estragos”, ha reconocido el letrado. Y es que al pertenecer al sector de actividades esenciales, no pueden optar a la ayuda por cese de actividad, “ya que la mayoría en Segovia pertenecemos al turno de oficio”, asegura el decano en declaraciones a Europa Press.

Además, hay una disposición en el Real Decreto de Estado de Alarma que expresa que los LAJ no tienen que retener los ingresos en las cuentas de consignaciones de los juzgados, es decir, que inmediatamente se tiene que poner a disposición de los abogados, “pero esto no se está cumpliendo y eso que se prevén ingresos de unas cuantías elevadísimas en consignaciones por las indemnizaciones de las compañías de seguros”.

El CGPJ PROPONE UN PLAN DE CHOQUE PARA NO RETROCEDER

Por otra parte, el Colegio de Abogados de Segovia considera que el plan de choque propuesto por el Consejo General del Poder Judicial para paliar los efectos que provocará sobre la justicia la crisis de emergencia sanitaria “supone un retroceso del Estado de Derecho”. Las 108 medidas que el CGPJ presentó a través de un documento base comprenden algunas propuestas que han levantado una cierta polémica dentro de los sectores profesionales de la administración de justicia, como es el caso de habilitar el mes de agosto para la tramitación y resolución ordinaria de los procesos judiciales.
“Habilitar el mes de agosto es una fórmula ‘trampa’”, ha asegurado Sanz Gómez, ya que es el periodo habitual en el que tanto jueces, como funcionarios y LAJ (Letrados de Administración de Justicia) disfrutan las vacaciones, “lo que implica que los juzgados se paralizan, por lo que no es la mejor solución”. Sin embargo, considera que “se podrían habilitar los juzgados en horario de tarde para tomar declaraciones y realizar juicios, o incluso habilitar los sábados”.
Otra de las medidas recogidas en el documento es limitar la oralidad de determinados procedimientos o la eliminación de recursos. “La oralidad y la contradicción son los principios que rigen el derecho, no puede ser limitada”, ha aseverado Sanz Gómez, quien considera que además, la presencia física de juez, fiscal, abogado, imputados y testigos “es muy necesaria en los procedimientos”.

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