El presidente de la Asociación Provincial de Industrias de la Construcción (APIC), Javier Carretero, no ocultaba su enfado, que hacía extensivo al muchos empresarios segovianos del sector por la confusión que ha generado la publicación la noche del domingo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de una orden ministerial por la que se suspenden las obras de intervención en edificios en los que haya personas ajenas a la construcción para evitar el contacto entre trabajadores y habitantes y reducir así el riesgo de contagio por coronavirus.
Carretero, que ayer comentaba que algunos empresarios se habían enterado esa misma mañana, hablaba de decisiones autoritarias cuando no dictatoriales y, sobre todo, extemporáneas, y se preguntaba por qué no se habían tenido en cuenta esas circunstancia el martes o miércoles de la semana pasada y no “una hora y media o dos horas antes de que entrara en vigor”.
Desde la Confederación de la Construcción de Castilla y León se cifraba en un 70 por ciento el retorno al trabajo de un sector cuyos presupuestos para obras habían ya experimentado una fuerte caída durante la última semana del pasado marzo.
“Se está produciendo de manera escalonada”, precisó a Efe su presidente, el leonés Javier Vega, sin dejar pasar por alto que “aún es pronto para analizar el impacto del Covid-19”.
Carretero puntualizaba, sin embargo, que muchas pequeñas empresas de la provincia se dedican a la reforma o pequeña obra prácticamente tienen que parar porque no pueden trabajar en obras de rehabilitación en una vivienda habitada o en un bloque con vecinos, donde pueden coincidir en el rellano de la escalera o en el ascensor.
“si no han venido van a venir en un mes o un par de meses los ERTEs o los cierres porque están sin ningún ingreso y siguen pagando seguros sociales, impuestos, etc. En muy poco tiempo se va a ver”, apostillaba.
El sector ocupa en esta provincia a más de 4.500 personas.
