PAH Segovia, la plataforma local de afectados por la hipoteca, ha iniciado en la Plaza Mayor la campaña #ViviendoPorDerecho para pedir al Gobierno PSOE-Unidas Podemos que “debe dar un paso al frente y ponerse al lado de las familias, garantizarles un hogar y empezar a ejercer en función de los compromisos adquiridos en los últimos años cuando estaban en la oposición”.
Una de sus portavoces en Segovia, Soledad Sacristán, ha explicado que el lema de la campaña hace referencia a que su reclamación de una vivienda digna no es algo que diga la PAH “sino que Naciones Unidas nos da la razón” al recogerlo como derecho universal.
Sacristán, acompañada de una docena de activistas de la plataforma segoviana, hizo entrega en el Registro municipal de un documento dirigido a todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento para que en el pleno hagan suyas a través de una moción las reivindicaciones fundamentales de la campaña que inciden en la promulgación de un Real Decreto que incluya la prórroga de la moratoria y suspensión de desahucios a familias en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional, el establecimiento de un mecanismo de interlocución con el Gobierno que incluya a los ministerios con competencias en vivienda y derechos humanos para desarrollar una Ley de Vivienda similar a la catalana, y el cumplimiento de los dictámenes del Comité DES de Naciones Unidas, que ya ha señalado deficiencias en el estado español por el tratamiento de casos de desahucios.
En cuanto al ámbito local, Sacristán ha explicado que 150 familias llevan esperando en Segovia capital una vivienda social y ha añadido que la PAH está a la espera de una respuesta de la concejala de Servicios Sociales, Ana Peñalosa, con quien se reunieron en noviembre para trasladarle sus demandas. La plataforma quiere que este año empiece a darse soluciones al menos al 50% de los demandantes.
Por otro lado, entre los casos de desahucio en trámite en la provincia, ha informado de las familias que residen en un edificio de 14 viviendas de San Rafael, víctimas de lo que parece una estafa, ya que tienen un contrato de alquiler con el constructor “que ha desaparecido” y la SAREB, la sociedad pública que gestiona activos inmobiliarios procedentes de la reestructuración bancaria, ha iniciado un procedimiento que de momento se ha conseguido paralizar ya que el juzgado ha admitido los contratos de arrendamiento, al menos mientras estén en vigor.
