Un empresario hostelero de Segovia ha aceptado la condena de un año y ocho meses de prisión además de una multa de 720 euros, y de indemnizaciones a dos de sus empleados por importe de casi 2.000 euros, por un delito contra los derechos de los trabajadores.
La condena forma parte del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa del hostelero, para el que en principio se pedían tres años de prisión, y una multa de 2.550 euros, además de las indemnizaciones correspondientes.
El juicio estaba convocado para ayer martes, pero no llegó a celebrarse al haberse alcanzado el acuerdo entre las partes la semana pasada, y asumir el propio acusado parte de la demanda del Ministerio Público.
La Fiscalía provincial de Segovia entendía que existía un delito contra los derechos de los trabajadores por parte del dueño de un restaurante de comida india situado en la calle Los Coches. En él tuvo trabajando a varias personas en condiciones abusivas y sin darlas de alta en la Seguridad Social.
Según la información del Ministerio Fiscal, el restaurante estaba regentado por una persona de nacionalidad extranjera y al menos a cuatro personas las tuvo con “horarios abusivos y sueldos precarios”.
Así, tuvo empleado a un hombre durante 40 días por los que cobró 60 euros, y al que insultaba. También tuvo trabajando a una mujer durante seis días y, aunque estaba en España en situación regular, carecía de permiso de trabajo al contar sólo con una autorización de estancia por estudios. Por esos seis días cobró 110 euros.
Otra era menor, con 16 años y trabajó cuatro días por los que percibió 40 euros, y a la que se dirigió también con diversos insultos. Además hubo otros dos empleados más irregularmente.
Uno de estos empleados fue interceptado por la Policía Local cuando conducía un ciclomotor llevando comida y cometió una infracción en la calle Las Hilanderas de Segovia en septiembre del año pasado. Los agentes le identificaron cuando hacía de repartidor sin contrato para el restaurante Taj Mahal.
A raíz de este hecho, la Inspección de Trabajo de la Delegación Territorial de la Junta, junto con la Policía Nacional, comprobaron que el dueño del restaurante estaba incumpliendo la normativa en materia de Seguridad Social. Se levantó así un acta de infracción administrativa contra el dueño del establecimiento por importe de 3.126 euros.
Además le impusieron una sanción añadida desde la Inspección de Trabajo por tener contratada a una persona extranjera que no podía trabajar, por lo que se le impuso una nueva denuncia por 10.015 euros.
Finalmente en noviembre de 2018 la Brigada de Extranjería de la Policía detuvo al dueño del restaurante y le puso a disposición judicial por un delito contra los derechos de los trabajadores.
Además de la multa de 2.550 euros, deberá indemnizar a dos empleados con 1.422 y 537,36 euros respectivamente.
