Hace casi un año, el 1 de diciembre de 2018, el pleno del Ayuntamiento de Segovia aprobó el pliego para el procedimiento de licitación de uno de los contratos públicos más relevantes del municipio, el de recogida de residuos y limpieza viaria, tanto por la cuantía económica como por el empleo que genera, el bienestar, higiene y sanidad, y la imagen que reporta a la ciudad. Han pasado más de once meses y el procedimiento, que oficialmente se abrió el 22 de diciembre del año pasado, se ha atascado en la Mesa de Contratación, que no levanta acta desde febrero. Aunque desde el gobierno municipal insisten en la complejidad de la documentación aportada por las seis empresas licitadoras y la meticulosidad con la que debe darse cada paso, nadie puede negar un evidente retraso incluso para la previsión más pesimista.
Durante el mes de enero de este año fueron muchos los documentos aportados por el Ayuntamiento al procedimiento de licitación, desde uno de respuesta a preguntas formuladas por las empresas interesadas a otros relacionados con aspectos concretos del servicio (ubicación de contenedores, producción mensual de residuos, etc.).
No fue hasta el 11 de febrero cuando se reunió por primera vez la Mesa de Contratación del Ayuntamiento, entonces presidida todavía por la exconcejala Marisa Delgado, para abrir los dos primeros sobres de las ofertas de las licitadoras, el primero con la documentación que acredita que cumplen los requisitos exigidos y el segundo con la amplia documentación técnica que tiene que evaluarse con criterios que requieren un juicio de valor (se trata de seis libros, cuatro ellos estructurados por capítulos y los otros dos de resumen, en los que cada empresa detalla su plan de explotación y de organización de los servicios, su plan de inversiones, gestión y mantenimiento de los medios materiales, su plan de control de los servicios y atención ciudadana y su plan de recursos humanos).
Informe devuelto
Esta documentación pasó al correspondiente servicio técnico municipal, que en los últimos meses ha elaborado un informe de valoración pero que, según el actual concejal de Contratación, Andrés Torquemada, que preside la Mesa, ha sido devuelto para incorporar algunas modificaciones que se han considerado oportunas.
El acta de esa sesión de febrero señala que dos de las empresas licitadoras, Urbaser y Enviser, pertenecen al mismo grupo empresarial, por lo que la Mesa decidió dar cuenta de esta circunstancia al servicio responsable de la valoración, “a fin de determinar si la relación existente… ha influido concretamente en el contenido respectivo de las ofertas presentadas en este procedimiento…”.
Hay que recordar que el anuncio publicado por el Ayuntamiento en el Perfil del Contratante de la Plataforma de Contratación del Sector Público indicaba como fecha probable de apertura del último sobre, el que contiene la oferta económica, el día 11 del pasado mes de abril, aunque apostillaba que se trataba de una “fecha orientativa”.
Por otro lado, el pliego de cláusulas administrativas particulares señala expresamente el inicio de ejecución del contrato en este 2019 e incluso se había reservado una partida presupuestaria de 4,5 millones de euros para hacer frente al nuevo contrato desde el pasado mayo hasta fin de año.
La Ley de contratos
La normativa que regula el procedimiento abierto para licitar contratos como este, la Ley de Contratos del Sector Público, de 2017, establece sobre los plazos de adjudicación que cuando hay pluralidad de criterios el plazo máximo es de dos meses a contar desde el día siguiente a la apertura de proposiciones salvo que se hubiera establecido otro plazo en el pliego de cláusulas administrativas, que no es el caso, y que si hay varias aperturas independientes de sobres o archivos electrónicos, el plazo se computa desde la apertura del primero.
La consecuencia del incumplimiento de los plazos en la adjudicación es que las empresas licitadoras tienen derecho a retirar su oferta y a la devolución de la garantía provisional.
Tercera prórroga
Hay que recordar que el gobierno municipal acordó en marzo que el contrato actual de recogida de residuos urbanos y limpieza viaria, cuya adjudicataria es la empresa FCC Medio Ambiente, se prorrogara, por segunda vez, hasta el actual mes de noviembre. En febrero de 2018 se aprobó la primera prórroga, de un año de duración a partir de abril de ese ejercicio, mes en el que vencía el contrato con la citada operadora.
El portavoz socialista, Jesús García Zamora, comentó entonces que ese plazo de ocho meses iba a permitir, “con holgura, que se cierren y se puedan cubrir las fases de valoración de ofertas, de adjudicación, recepción y contestación a los recursos que puedan presentarse si los hubiera” en este procedimiento de adjudicación. Todo apunta, sin embargo, a que sería necesaria una tercera prórroga.
La alcaldesa Clara Luquero decía el pasado jueves que espera, pero sin asegurarlo, que la adjudicación del contrato pueda ser una realidad antes de fin de año.
