La Guardia Civil ha destruído 7.800 armas en Castilla y León en 2018, 1.200 de ellas armas cortas, 3.700 largas y 2.900 de otro tipo, en el marco de la normativa vigente y de acuerdo al programa de Acción de Naciones Unidas sobre el comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras. De todo ese arsenal, 300 correspondieron a la provincia de Segovia.
A nivel nacional en el mismo ejercicio se han eliminado más de 50.000 armas de fuego, lo que sumado a las actuaciones realizadas en la misma materia desde 2013 sitúa la cifra de armas destruidas en más de 430.000.
Por provincias, Valladolid fue donde más armas se eliminaron en la Comunidad, con 2.100; seguida de León y Salamanca, que contabilizaron 1.200 ambas, mientras en Burgos se destruyeron 900 y en Zamora 700. Asimismo, en la provincia de Palencia se erradicaron 600 armas, en Soria 500 y en Ávila y Segovia 300.
Estas acciones se enmarcan dentro de la normativa vigente en España y se suma al Programa de Acción de Naciones Unidas sobre el comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras, que tuvo su origen en la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras, celebrada en julio de 2001.
En España, desde 1844 la Guardia Civil se ha encargado del control de armas para evitar su proliferación y como medida de prevención, mientras en la actualidad, la competencia en materia de armas y explosivos que el Estado tiene se materializa por medio de las Intervenciones de Armas y Explosivos de la Guardia Civil.
Estas Unidades controlan «exhaustivamente» el acceso legal a las armas, para lo cual el Reglamento vigente establece unos requisitos, entre los que se encuentran la carencia de antecedentes penales, así como la superación de pruebas teóricas y prácticas sobre el uso y manejo de las mismas. Igualmente, para evitar que un arma pueda ser utilizada indebidamente cuando el titular deje de tener derecho a su tenencia y uso, la normativa establece que sean inutilizadas o destruidas.
Normativa severa
La inutilización de un arma, a partir del año 2011, está regulada por una normativa «muy severa», de tal modo que es sometida a un proceso que afecta a todas las piezas fundamentales de ésta, lo que supone que sea imposible volver a usarla con plena capacidad de funcionamiento.
Además, la Guardia Civil lleva a cabo la destrucción de armas de fuego de diversos calibres, así como armas blancas prohibidas, algunas de ellas están implicadas en actos ilícitos, penales o administrativos y tras el correspondiente procedimiento se determinan su destrucción, mientras otras se destruyen por cesar sus titulares en el derecho a la tenencia y uso y no haber sido adjudicadas en subastas.
El pasado martes se celebró en todo el mundo el Día de la Destrucción de Armas, una fecha que fijó la ONU en 2001 para que los países promovieran acciones dirigidas a la eliminación de armas ilícitas, una tarea que en España asume la Guardia Civil. Ya su fundador, el duque de Ahumada, estableció que los agentes del instituto armado vigilasen que «nadie ande con armas por parte alguna sin la correspondiente licencia para usarlas», recuerda a Efe el comandante Juan Rodríguez Jarén, de la jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad.
175 años después y con la puesta en marcha de diferentes normas de regulación en el control de armas, la Guardia Civil está al cargo de su intervención y destrucción en toda España, tal y como fijó el primer reglamento en 1935, entonces muy avanzado con respecto a otros países porque implantó que toda arma decomisada se tenía que reducir a chatarra.
