La mujer cabecilla de la red desarticulada por la Guardia Civil en la operación ‘Adelita’, se encuentra en libertad vigilada y con la obligación de acudir a declarar los días 1 y 15 de cada mes en el Juzgado.
La operación conllevó la detención de ocho personas en Segovia, Madrid y Huelva, según explicaron esta semana en rueda de prensa la delegada del Gobierno en Castilla y León, y el teniente coronel de la Guardia Civil de Segovia.
Este grupo criminal empezó a actuar en noviembre de 2017 para captar y canalizar a inmigrantes ilegales principalmente de Honduras, Colombia, Nicaragua y Venezuela. Se les extorsionaba para que pagaran por conseguirles un empleo, principalmente en el servicio doméstico o en la agricultura, con situaciones laborales muy precarias.
El Juzgado número 4 de Segovia, que ha venido coordinando con la Guardia Civil esta operación, mantiene abiertas las diligencias de investigación. En abril pasado ya tomó declaración a la mujer que al parecer es la cabecilla del entramado. Entonces ella quedó en libertad investigada por los delitos de estafa y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Tiene la obligación de comparecer cada quince días en el Juzgado. Además, la titular del Juzgado número 4, ordenó que le fuera retirado su pasaporte y la prohibió salir de España.
La mujer que dirigía la red, de nacionalidad chilena era la responsable de una supuesta fundación con nombre ‘Territorio-Doméstico’ que tenía su sede en la urbanización de Los Ángeles de San Rafael, uno de los núcleos del municipio de El Espinar. Ella era conocida por sus víctimas como Elena, y se hacía pasar por miembro de Cruz Roja o de Cáritas, según los casos. A esta mujer o a otros de la red les debían entregar entre 200 y 500 euros los inmigrantes cuando viajaban a España desde sus países de origen con la promesa de que iban a tener un trabajo. La mayoría de las víctimas son mujeres, que en más del 90% eran ocupadas en el servicio doméstico pero sin contrato y sin ser registradas de alta en la Seguridad Social. En algunos casos debían cumplir jornadas laborales de hasta 14 horas diarias de trabajo y sin días libres.
Las labores de investigación continuarán en los próximos días con la toma de declaración a otras seis personas más en calidad de investigadas. Hasta el momento han sido unos 20 los que han prestado testimonio en el Juzgado al considerarse perjudicados por esta red, según informan desde el TSJ.
