La Junta de Castilla y León, a través de la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda, ha iniciado un expediente para investigar la titularidad de una parcela del barrio de La Albuera, situada entre el IES La Albuera y un grupo de viviendas de la calle de Doradores. Se trata de la misma finca que ha sido objeto de controversia entre el Ayuntamiento de Segovia y tres comunidades de propietarios.
La finalidad es aclarar si el citado terreno, situado casi a la entrada de la calle Pascual Marín y lindante con las calles de Doradores y de Alfonso VI, es propiedad de la Comunidad Autónoma y el plazo máximo para resolver es de dos años.
La parcela investigada tiene 719 metros cuadrados, está poblada por varios árboles y es utilizada para el aparcamiento de vehículos por residentes de la zona pero también por profesores, personal y alumnos del citado centro educativo .
Según la Junta, esta finca urbana está “actualmente integrada erróneamente” en la referencia catastral de la colindante comunidad de propietarios.
En 2016 las comunidades de propietarios de los números 9, 11 y 13 de la calle Doradores anunciaron al Ayuntamiento el propósito de iniciar un expediente de justiprecio de esta parcela, lo que equivale a decir que querían obtener una compensación económica por lo que consideraban una pérdida patrimonial, entre otros motivos porque el uso que recogía el Plan General de Ordenación Urbana de Segovia era el de equipamiento de servicios comunitarios.
Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento giraba el correspondiente recibo del IBI a estos vecinos por la citada parcela.
Sin embargo, en marzo de 2017, el pleno municipal declaró improcedente esa aspiración, en base a un informe de los servicios jurídicos, porque los solicitantes no estaban legitimados. El entonces concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera, explicó que el argumento técnico es que la Ley de Propiedad Horizontal no reconoce la legitimidad de grupos de propietarios, por lo que la solicitud debía realizarse por particulares a título individual. Añadió que hay jurisprudencia que señala que las comunidades de propietarios carecen de personalidad jurídica para enajenar bienes.
Sin embargo, el Ayuntamiento aprobó en noviembre del año pasado, una modificación del Plan General para cambiar la calificación urbanística de esta parcela aludiendo un error y suprimiendo la de equipamiento de servicios comunitarios para tratar toda la manzana como zona residencial, incluyendo las viviendas de la calle de Doradores.
