El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Huesca dictó prisión provisional para el exjugador del Real Madrid Raúl Bravo y el exjugador de varios equipos de Primera División Carlos Aranda, en relación a la investigación de posibles amaños de partidos de fútbol, que se lleva a cabo en el marco de la Operación ‘Oikos’.
Podrán eludir la prisión con el pago de una fianza establecida en 100.000 euros cada uno de ellos, tal y como solicitaba el fiscal. Ambos jugadores, que se negaron a declarar, están siendo investigados como posibles responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, corrupción en el deporte y estafa, y les impone la obligación de comunicar cualquier posible cambio de domicilio.
Ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Huesca, Ángel de Pedro, prestaron declaración otros cuatro detenidos. El jefe de los servicios médicos de la Sociedad Deportiva Huesca, Juan Carlos Galindo, quedó en libertad con cargos, como presunto autor de un delito de corrupción en el deporte. Tendrá que comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el Juzgado.
Para el presidente de la Sociedad Deportiva Huesca, Agustín Lasaosa, y el exjugador del Real Valladolid, Borja Fernández, se ha decretado libertad provisional con fianza de 50.000 euros cada uno, como presuntos autores de un delito de corrupción en el deporte y cooperadores necesarios en un delito de estafa.
Ambos disponen de un plazo de diez días para abonar la fianza de 50.000 euros impuesta por el juez para cada uno de ellos. Además, tienen la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado, la prohibición de salir del territorio nacional, retirada de los pasaportes y obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio.
También, libertad provisional para el jugador del Deportivo de La Coruña, Inigo López, con fianza de 75.000 euros, que deberá abonar en el plazo de diez días. Se le investiga por su posible responsabilidad en los delitos de pertenencia a grupo criminal, corrupción en el deporte y estafa.
Deberá comparecer en el Juzgado los días 1 y 15 de cada mes y cuantas veces se le cite, se le prohíbe salir del territorio español, se le retira el pasaporte y se le impone la obligación de comunicar cualquier posible cambio de domicilio.
